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La familia de la menor indígena que fue asesinada tras sufrir una agresión sexual recibirá apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), afirmó el delegado estatal de esa dependencia, Aurelio Sigala Páez.
Señaló que una parte del caso está radicado en la Fiscalía del Estado, mientras que la CDI apoya en temas básicos, tras conocerse el trágico deceso de la menor Araceli.
“La apoyamos [a la familia] en el peor momento, en cosas básicas, en todo el tema funerario, en una asistencia psicológica para la madre”, indicó, al tiempo que apuntó que se trabaja de la mano con el municipio de Amealco para que la madre de la menor y toda su familia cuenten con ayuda sicológica.
Recordó que la madre de Araceli padece mal de Parkinson desde hace cuatro años, por lo que están en la gestión de recursos para ella y su tratamiento, “son 50 mil pesos durante el tiempo que podamos estarle apoyando para sus medicamentos y para que se atiende el Parkinson”.
Agregó que a la par gestionan un recurso para las familias de niños indígenas, y eso lo sabrían en 15 días y sería por un monto de 150 mil pesos, pero está en gestión, mientras que el apoyo a la madre de la menor fallecida ya se encuentra en el estado.
Aclaró que el seguro que está aún en gestión sería únicamente para la madre de Araceli.
Gracias a la denuncia de activistas como Alicia Colchado, la sociedad queretana tuvo conocimiento del caso de la menor Araceli García Blas, de sólo 12 años de edad, quien el pasado 31 de julio, con engaños fue llevada a un barranco, donde un sujeto, quien ya está detenido, abusó de ella y luego intentó asesinarla.
La menor sobrevivió a ambos ataques, pero el pasado 9 de agosto perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas, lo que conmocionó a la comunidad de San Ildefonso, en el municipio de Amealco de Bonfil, cuyos pobladores consternados pidieron a las autoridades justicia para la niña ultrajada, así como para su familia.
La menor vivía con su abuela, Plácida Pascual Bartolo, mujer hñähñú que el día del funeral de su nieta y con ayuda de un traductor, pidió a las autoridades justicia para Araceli.
Una queja recurrente entre los pobladores de San Ildefonso es el abandono en el que viven y la falta de transparencia en la impartición y aplicación de justicia, toda vez que dijeron que por ser indígenas no tomaban en serio sus peticiones, sufriendo discriminación y revictimización.
Asimismo, en días pasados, la activista feminista Maricruz Ocampo, comentó que de no implementarse una alerta de género para ese municipio, propondrán a las autoridades municipales que a manera de recomendación adopten las acciones que propone la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para mitigar la violencia de género.
