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El Procurador General de Justicia del Estado (PGJE), Arsenio Durán Becerra, informó que el arraigo de las 11 personas involucradas en el caso de la caja “30 de agosto” pretende profundizar en las investigaciones, toda vez que se busca verificar quien o quienes pudieran haber tenido cierto grado de responsabilidad en los hechos constitutivos que han derivado en esta situación.
“Son personas que tenían alguna actividad dentro del establecimiento de la caja popular y se tiene que dilucidar el rol que cada uno de ellos tenía dentro de la empresa, para que sobre esa base se vaya determinando quién podría tener una vinculación más directa”.
Añadió que la investigación no se cierra, sino que se continúan recibiendo cada vez más denuncias por las personas afectadas y eso implica que podría haber más quejas por delitos del orden común.
“Como pudiera ser el fraude, una administración fraudulenta en agravio de los propios socios y eso es independiente, aunque coordinado con otras autoridades”.
