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Las zonas arqueológicas de San Juan del Río y la Sierra Gorda son los lugares en los que se han registrado mayores saqueos, denunció el delegado del INAH en Querétaro, Manuel Naredo Naredo, quien aseguró que estas piezas no tienen valor comercial, por lo que aquellos saqueadores solamente afectan el valor histórico de los lugares.
Tan solo en 2016 se interpusieron dos denuncias penales contra quien resulte responsable del saqueo, y aunque durante este año no se han realizado actos jurídicos, se mantiene la vigilancia en las zonas arqueológicas de Tequisquiapan, Amealco y Huimilpan.
Manuel Naredo dijo desconocer si existe mercado negro de este tipo de artesanías, pues recordó que legalmente las obras arqueológicas son patrimonio de la nación, por lo que cualquier persona que tenga posesión sin acreditar su legalidad comete un delito.
“Es algo muy común, es por eso que no difundimos la ubicación de los sitios porque es algo que ocurre muy a menudo; la gente va a buscar tesoros pero únicamente terminan agrediendo el patrimonio; se presentan muchas intervenciones de este tipo.
“Un ejemplo muy claro es el de San Rafael, en la zona serrana, en los límites con San Luis Potosí... con los años ha habido mucho saqueo”.
En el caso de que alguna persona tuviera una de estas piezas, debería hacer del conocimiento al Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien realiza una investigación para identificar que no haya sido sustraída ilegalmente. En caso de no comprobar algún delito, se levanta un registro para que el particular pueda mantener en resguardo tal pieza por un periodo de años.
Sobre los saqueos, el delegado destacó que “la gente piensa que va a encontrar algún tesoro y que se volverá rico de la noche a la mañana”, sin embargo, únicamente afectan el patrimonio de la nación y evitan que se conozca más sobre las culturas prehispánicas asentadas en el estado.
Por este motivo la mayoría de las zonas arqueológicas se encuentran cerradas al público, además que no se difunden las ubicaciones exactas. En algunos casos se trata de propiedades privadas que deben regularizarse para que el gobierno intervenga el lugar.
“Tenemos la certeza de que hay sitios arqueológicos interesantes, se han encontrado asentamientos importantes. Para abrirlos al público hay que ir con pasos lentos porque hay que asegurar la protección, si vamos demasiado apurados, no tendría sentido porque estamos propiciando su destrucción”.
Al hablar sobre la posibilidad de aplicar tecnología en la pirámide del Pueblito, en el municipio de Corregidora, para tener proyecciones, como ocurre en otras zonas arqueológicas del país, Manuel Naredo destacó que hasta el momento no se ha otorgado tal licencia.
