En el municipio de El Marqués se enfrentan cerca de 430 amparos interpuestos por diversas empresas privadas que exigen la restitución del pago de diversos impuestos, situación que en el municipio de Pedro Escobedo, ya ocasionó la destitución de la alcaldesa, Graciela Juárez Montes, por los delitos de Desacato y Abuso de Autoridad, a petición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con el edil marquesino, Enrique Vega Carriles, al inicio de su administración, en octubre del año pasado, se contaban con más de 650 amparos vigentes, de los cuales 230 ya se resolvieron con un costo de 10 millones de pesos.
Vega Carriles confió en que al término de su gestión como munícipe, se pueda dar ‘carpetazo’ a los amparos que continúan vigentes y que suman casi 430, aunque destacó que estos representan alrededor de 25 millones de pesos, que deben ser cuidadosamente entregados a la iniciativa privada que demanda la devolución del pago, principalmente, referente al suministro eléctrico.
“Nos dejaron mucho faltante en ese aspecto, es parte de la deuda de 200 millones de pesos que nos dejaron. Eran como 30 millones de pesos de amparos y juicios, la mayoría por energía eléctrica, y hoy hemos pagado alrededor de 10 millones de pesos; todavía nos quedan otros 25 millones pendientes, pero le estamos dando puntual seguimiento para que no llegue a pasar lo que pasó en Pedro Escobedo”, indicó el edil.
Sobre la decisión de la SCJN, en el caso de la alcaldesa de Pedro Escobedo, el edil reconoció que actuó conforme a la ley, bajo la aprobación de la aprobación de un reciente estatuto de amparo que impide hacer a los presidentes municipales “lo que se les antoje”.
“Actúan dentro de la nueva ley que se aprobó no hace mucho, que es la de amparo y con la que habrá más control para los municipios y funcionarios públicos, para que así ya no hagamos lo que se nos antoje, que en este caso es una omisión; sin embargo hay otros casos en donde sí es un verdadero abuso y con premeditación. Hoy no se pueden hacer este tipo de actos”, añadió Vega Carriles.
Aunado a la destitución de Juárez Montes, se ordenó la destitución de su tesorera, Aidé Verónica Corona, para que ambas sean consignadas ante un juez penal, por los delitos de Desacato y Abuso de autoridad.