De acuerdo con el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, Miguel Nava, personal del organismo estuvo presente en la manifestación que realizó un grupo de ciudadanos, el viernes pasado en el Congreso local, por la aprobación de la reforma energética, acto en el que no se detectaron violaciones a los derechos humanos por parte de servidores públicos.
Sin embargo, invitó a los agraviados a interponer su queja en la Defensoría, principalmente al dirigente estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Sinueh Piedragil, quien declaró que personal de Derechos Humanos del estado había hecho caso omiso a los agravios que se suscitaron ese día.
“En el transcurso del fin de semana no llegó ninguna aqueja, pero si tiene alguna, lo invito a que venga a esta Defensoría y nosotros haremos lo conducente para investigar, en caso de que existiera algo”, aseveró.
Nava reconoció que el viernes, el director de Orientación y Quejas de la Defensoría, Mario Alberto Arivizu, acudió al lugar de los hechos, ya que se informó al organismo —vía Facebook— sobre la manifestación que se realizaría en el Congreso.
“Mandé gente de la Defensoría a que fueran a percatarse de los hechos. No se percataron absolutamente de nada que fuera violatorio de derechos humanos, y no iniciamos ninguna queja de oficio”, afirmó.
Recordó que para que haya una violación a los derechos humanos debe existir una afectación por parte de gente del Estado, la Federación o el municipio, que en su carácter de servidor público, en un ejercicio abusivo, excesivo u omisión de sus atribuciones cause perjuicio en una o en varias personas, sean ciudadanos, extranjeros o menores.
Sobre el impedimento a los manifestantes para entrar al recinto legislativo, Nava dijo que existe una violación a los derechos humanos sólo bajo la circunstancia de que a un grupo pequeño de individuos se les niegue un servicio, y no cuando se resguarda la seguridad de las personas.
“Si por motivo de algún tipo de manifestación se pueden generar condiciones de inseguridad para los que están dentro de un recinto público, como para los que están afuera, sería totalmente legítimo que la autoridad o los servidores públicos encargados de una oficina pongan medidas restrictivas para efecto de salvaguardar la seguridad y el orden”.
En ese sentido, expresó que de acuerdo con la información vertida, varias personas pretendieron ingresar al Congreso, pero personal de seguridad no les permitió el acceso a todas para evitar un conflicto mayor.
Sobre las declaraciones de Piedragil, de que la nula actuación de la Defensoría se debe a que trabaja bajo la subordinación del gobierno estatal, el ómbudsman se mostró respetuoso de los dichos, pero aclaró que es un concepto alejado de la realidad.
“La Defensoría ha emitido informes al gobernador, al secretario de Gobierno, al procurador de Justicia, al titular de la Usebeq, ha hecho un sinnúmero de pronunciamientos, una Defensoría (...) que ha marcado una pauta de autonomía propia en las resoluciones”, concluyó.