El procurador general de Justicia del Estado (PGJE), Arsenio Durán Becerra, informó que el arraigo de las 11 personas involucradas en el caso de la caja 30 de Agosto pretende profundizar en las investigaciones, toda vez que se busca verificar quien o quienes pudieran haber tenido cierto grado de responsabilidad en los hechos constitutivos que han derivado en esta situación.
“Son personas que tenían alguna actividad dentro del establecimiento y se tiene que dilucidar el rol que cada uno de ellos tenía dentro de la empresa, para que sobre esa base se vaya determinando quién podría tener una vinculación más directa”, mencionó.
Añadió que la investigación no se cierra, sino que se continúan recibiendo cada vez más denuncias por las personas afectadas y eso implica que podría haber más quejas.
“Como pudiera ser el fraude, una administración fraudulenta en agravio de los propios socios y eso es independiente, aunque coordinado con otras autoridades”, aseveró.
Asimismo subrayó que por parte de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) se investiga la posible comisión de un delito tipificado en la ley de instituciones de crédito, por lo que por ser una ley federal, es de competencia de las autoridades de primer nivel, de manera que se están tramitando de forma simultánea y coordinada, las dos averiguaciones.
Arsenio Durán, informó que toda vez que se trata de una sociedad financiera, todos los socios ahorradores, pasan a ser dueños de dicha institución, situación que se tendrá que ir aclarando conforme se realicen las declaraciones de los detenidos y de las indagatorias correspondientes que se vayan realizando.