“La tomadera” y un pleito con una mujer, llevaron a Ismael Valdés Cruz, indígena originario de Amealco, a pasar tres meses en el penal de San Juan del Río durante 2011, acusado de lesiones dolosas y sin la posibilidad de pagar los 17 mil pesos que pedían de fianza, porque es de “una familia muy pobre”.
Reconocido en la comunidad por no tener problemas con nadie, Ismael se vio de pronto interno en una cárcel donde otros reos lo golpearon en al menos tres ocasiones y, de no ser porque un juez le recomendó a su mamá pedir apoyo en la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para pagar la fianza, su tiempo en prisión pudo ser mayor.
Valdés Cruz vive en Amealco, donde muchos indígenas se ven involucrados en delitos menores que los llevan a prisión, como riñas, lesiones o robos de fruta y gallinas.
Los hombres pueden pasar mucho tiempo detenidos antes de recobrar su libertad, por la imposibilidad de cubrir las fianzas o pagar el monto para resarcir los daños.
Los conflictos de Ismael empezaron cuando a sus 33 años decidió “juntarse” con una mujer mayor, de 55 años, que describe como “muy conflictiva” y que tenía un hijo de 30 años, “un chavo muy problemático”.
“Su chavo empezó el problema, el chavo golpeó a un vecino, la señora quería que yo pagara los daños que había causado su chavo, pero ¿yo cómo iba a pagar? No era mi pareja, no me sentía con la obligación y ella andaba diario, diario, decía que me iba a dar en la madre si no sacaba a su chavo de la cárcel, por la tomadera, un día me agarró tomado, me hizo enojar, se me vino encima, a los golpes, yo también a defenderme, empezó la riña y pasó lo que pasó”, recuerda.
Otro hijo de su ex pareja lo denunció por lesiones dolosas y “me encerraron tres meses”, el 9 de julio de 2011, porque no tenía recursos para pagar lo que le pedían, “somos de una familia muy pobre, no tenemos dinero para salir de un apuro”.
“Cuando pasó el problema me esperé a que llegara la patrulla, yo no corrí. Muchos son muy conflictivos y luego luego corren a esconderse, yo no me sentía con culpa para correr, nunca he sido de problemas, soy muy tranquilo”, asegura Ismael.
Ya en la cárcel, intentó no tener más conflictos, pero estuvo preso en el mismo centro de readaptación donde estaba interno el hijo de “la señora”, hombre que “andaba siempre diciéndole a los demás presos que me golpearan. Llegaron a golpearme tres veces por culpa de este chavo, lo hicieron los demás presos”.
Ante la situación que vivía su hijo, Valentina Ignacia Cruz empezó a buscar la forma de pagar la fianza. Sin embargo, señala: “yo no tenía de dónde sacar, cuando lo iba a visitar me decía que hiciera la lucha para conseguir para sacarlo”.
Después de ver a personal de los juzgados en varias ocasiones, le recomendaron recurrir al programa de excarcelación de la CDI, donde le dieron dinero “para sacar a mi hijo”, los trámites no le llevaron más de 20 días.
Aunque Valentina está segura de que se trata de un préstamo que todavía no empieza a pagar, la CDI asegura que el pago de fianzas del programa de excarcelación forma parte de un fondo perdido para recuperar la libertad de los indígenas.
El subdelegado de la CDI, Alfredo López Plascencia, mencionó que hace años sí se tenía que devolver el dinero por las fianzas que se pagan a los indígenas que delinquen por primera vez, pero desde hace un tiempo se considera un fondo perdido para apoyar a quienes se ven inmersos en pleitos legales.
Las fianzas que cubre el programa de excarcelación para primos delincuentes van desde menos de mil pesos hasta los 80 mil pesos, explica el funcionario, porque en muchas ocasiones se tiene que cubrir la reparación de los daños, sobre todo cuando hay riñas o accidentes.
En promedio, los pagos de fianza que otorga la CDI en el estado rondan entre los 5 mil y los 10 mil pesos, pero “desafortunadamente cada día hay más personas indígenas en los reclusorios”, situación que el subdelegado atribuye a las condiciones de inseguridad nacional y no sólo a un problema de las comunidades.
