La representante de la Asociación Civil Salud y Género en Querétaro, Gisela Sánchez Díaz de León, avaló que los diputados integrantes de la Comisión de Salud del Congreso local rechazarán aprobar la iniciativa de Ley para la Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco del Estado de Querétaro, debido a que las sanciones que se planteaban en ella resultaban ridículas.
“La ley que desecharon no la defendemos del todo porque ya había bajado muchísimo las sanciones, mientras que en el Distrito Federal las sanciones pueden llegar hasta un millón de pesos, aquí las sanciones eran tan ridículas, tales como regañar al propietario del restaurante o pagar 500 pesos, los mismos restauranteros podían pagar esas cantidades”, asentó la activista.
Las sanciones que consideró pertinentes son las previstas en la Ley General contra el Control del Tabaco, en la cual se establecen penas mayores a quienes la infrinjan.
El artículo 26 de la ley general establece que queda prohibido que cualquier persona consuma o tenga encendido cualquier producto que contenga tabaco en los espacios que están ciento por ciento libres de humo, así como en las escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior.
Sí se incumple se impondrán sanciones de hasta cien veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, es decir que en Querétaro sería de hasta 590 mil pesos a las personas que permitan consumir cigarrillos en establecimientos públicos.
En opinión de Sánchez Díaz, los castigos considerando en la ley estatal que rechazó el Congreso local y que estuvo a cargo de la Comisión de Salud del Congreso Local, son ineficaces por no establecer los mecanismos correctos para llevar a cabo su objetivo, debido a que no es posible que los ciudadanos y los funcionarios cumplan con su aplicación.
Aún cuando esta iniciativa tiene por finalidad proteger a la población contra la exposición al humo de tabaco en lugares públicos cerrados, interiores de trabajo, vehículos de transporte público; la comisión legislativa consideró que excede lo señalado en la disposición federal al establecer la prohibición de fumar en cualquier establecimiento sin considerar si se encuentra al aire libre o no.
En este sentido, Gisela Sánchez informó que ya han tenido acercamientos con el presidente de la Comisión de Salud, Enrique Correa Sada, para realizar un foro que permita conocer la situación en la que se encuentra la entidad en lo que se refiere a humo de tabaco y de qué manera afecta éste a las personas.
“Hablamos antes de esta decisión en la Comisión de Salud y acordamos con el presidente en que se realizara un foro para dialogar y hacer un diagnóstico sobre cómo está esta situación, actualizar el dato que hemos venido dando sobre el tema”, dijo.
El foro se planea para el 19 de febrero y se prevé que participen investigadores del instituto nacional de salud pública, asentó la experta.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública, en la entidad mueren 365 personas al año por infartos ocasionados por consumo de tabaco.
La representante de la asociación dijo que prohibir que se fume en establecimientos públicos puede reducir hasta 20% las muertes por infarto al miocardio.
“Es una lástima que todavía no se legisle para evitar que las personas mueran a diario a causa del tabaco”, opinó la activista.