Para controlar el ingreso de los pacientes en los anexos del estado de Querétaro, el Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) trabaja una iniciativa de ley que establece sanciones para aquellos espacios que no trabajen con un estricto apego a los derechos humanos, además de la creación de un perito encargado de aprobar el internamiento sólo para aquellas personas que tengan un problema “severo” de adicciones.
Guillermo Tamborrel Suárez, titular del CECA, recordó que de 90 anexos establecidos en la entidad, al menos 50 deberían de clausurar por trabajar en condiciones que vulneran la integridad de los internos, sin embargo, subrayó que a la fecha hay un marco jurídico inadecuado para actuar “con contundencia” en contra de estos espacios.
Indicó que dicha iniciativa se trabaja en conjunto con la diputada Atalí Rangel y señaló que se mantendrá al pendiente de la convocatoria que emita la legisladora María Alemán Castillo Muñoz, presidenta de la Comisión de Salud y Población en la 58 Legislatura, quien en días recientes se comprometió a integrar el 29 de marzo, la primera mesa de trabajo para un proyecto de regulación.
“El gran reto es desaparecer los anexos y que sólo tengamos centros de tratamiento en los que efectivamente se cumpla a cabalidad lo que establece la NOM 028 y algunos otros criterios que hemos ido desarrollando (…) lo que nosotros estamos presentando es una serie de propuestas para que los centros de tratamiento ofrezcan (servicios) eficientes, eficaces y apegados a los derechos humanos”.
Tamborrel Suárez advirtió que una de las propuestas de esta iniciativa de ley es la creación de un perito que vigile y avale el ingreso de los pacientes a los centros de rehabilitación, esto para evitar el internamiento de personas con padecimientos mentales o como sucedió hace un par de semanas, personas por su orientación sexual.
“Hoy 90% de los internamientos son involuntarios lo que queremos es que se dé el caso de manera involuntario, que sea un juez que lo ordene. Hoy lamentablemente, encontramos en los anexos que han sido internadas personas que viven un trastorno mental severo o porque en el caso que acabamos de ver de esta chica, porque asumen que la orientación o preferencia sexual es una enfermedad. Absurdos como esos, tienen que quedar prohibidos y sancionados. Un centro de tratamiento no puede recibir ese tipo de personas”, dijo.
Agregó que la iniciativa de ley contemplará esquemas de prevención y tratamiento, así como el establecimiento de responsabilidades y facultades para las diferentes dependencias gubernamentales como la Secretaria de Salud en el estado, Secretaria de Seguridad Ciudadana y la delegación de la Secretaria de Educación Pública.
Detalló que al corte del año pasado se realizaron 300 visitas a anexos ubicados en todo el estado, donde se verificó el uso de la violencia contra los internos.