Cerca de 800 mil de pesos es lo que cobraría la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) para hacer un diagnóstico sobre las condiciones en que se desarrolla la labor periodística en la entidad, la cual servirá para trabajar una ley de protección de periodistas y defensores de los derechos humanos en el estado.
A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, EL UNIVERSAL Querétaro obtuvo una copia de la propuesta que envió la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Marcela Ávila Eggleton, el pasado 20 de marzo, a la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, Daesy Hinojosa Rosas, para hacer el análisis sobre la situación de los periodistas en la entidad.
En dicho documento, no se detallan las estrategias de trabajo ni la metodología que se utilizaría, únicamente se limita a decir que a partir de la firma del convenio se trabajará durante 12 semanas (tres meses) para entregar el análisis, y que el costo total del trabajo sería de 720 mil pesos.
Según la propuesta enviada por Ávila Eggleton a la 58 Legislatura del Estado de Querétaro, en el trabajo estarán involucrados investigadores pertenecientes a la plantilla académica de la FCPS adscritos a la licenciatura de Comunicación y Periodismo, principalmente, sin dar más datos del trabajo.
En una entrevista realizada un mes después (29 de abril) de que la propuesta de trabajo fuera entregada, la académica dijo que la universidad “no es un negocio ni una empresa con fines de lucro”, por lo que la cifra —que dijo no recordar en ese momento— era razonable para el trabajo que se requiere hacer, y que “el presupuesto que se hizo fue en función de las necesidades específicas para poder operar el proyecto”.
Proyecto sin avances. A pesar de que el Congreso del estado de Querétaro invitó a poco más de 20 instituciones y asociaciones de profesionistas para hacer el análisis que fue solicitado por el gremio, para tener una ley fortalecida y que abone al desarrollo de la labor periodística en la entidad, únicamente dos universidades han entregado un proyecto para realizar el análisis.
El proyecto para elaborar la ley de protección a periodistas en la entidad se encuentra detenido desde hace poco más de medio año por falta de acuerdos entre los legisladores y el gremio que no quiere una ley al vapor, sino un documento que garantice el correcto ejercicio del periodismo.
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