El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado ordenó la liberación de las cuentas bancarias que fueron embargadas al municipio de Tequisquiapan luego de que las autoridades emitieran un cheque por un monto de 950 mil pesos para pagar indemnizaciones correspondientes al laudo laboral a favor de los ex trabajadores Arturo Loyola y Blanca Estela Alvarado Pacheco.
Fue el jueves 11 de diciembre cuando el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado ordenó el embargo contra las cuentas de Tequisquiapan, ante la negativa de administración a pagar las indemnizaciones laborales a favor de los ex trabajadores Arturo Loyola Rodríguez y Blanca Estela Alvarado Pacheco que tenían derecho a este recursos al emitirse laudos favorables a la denuncia por despido injustificado que interpusieron anteriormente.
En su momento el síndico municipal explicó que aunque el proceso de embargo de las cuentas del municipio era un acto inconstitucional, este ordenamiento de parte del TCAE había sido acatado lo que imposibilitó también el pago a proveedores que se tenían programados para ejecutarse en el transcurso de esta semana.
Arturo Loyola, uno de los ex trabajadores acreedor a la indemnización por el fallo emitido a su favor, confirmó que ya le fue entregado el pago por indemnizaciones correspondientes a salarios caídos y liquidación luego de haber sido dado de baja en la pasada administración.
“El municipio emitió un cheque por más de 950 mil pesos que corresponde al pago de mi indemnización así como al pago a favor de Estela Alvarado, con esta respuesta de parte del municipio el Tribunal ordenó que se liberaran las cuentas bancarias de Tequisquiapan y ellos ya pueden disponer de los recursos que existen en dichas cuentas”, dijo Arturo Loyola.
Loyola Rodríguez laboró en el área de Comunicación Social del municipio de Tequisquiapan durante el periodo de gobierno presidido por Raúl Orihuela; fue despedido al final de dicha administración y el proceso tuvo su curso hasta emitirse un laudo a su favor en la administración de Antonio Macías.
Aseguró que en reiteradas ocasiones se buscó llegar a un acuerdo de pago con las autoridades municipales para evitar recurrir a la demanda laboral pero debido a la negativa del municipio a entregarle una parte proporcional de la liquidación.
“Fueron las autoridades municipales de este periodo de gobierno las que perdieron los recursos de demanda, aun cuando se llegó a una solución con el laudo, los trabajadores despedidos estábamos dispuestos a llegar a un acuerdo de pago, pedíamos al principio de la administración el pago de 60% que nos correspondía pero se negaron es por ello que se recurrió al embargo de las cuentas”, agregó.
El ex trabajador negó que el proceso de embargo ordenado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje se halla llevado a cabo con dolo ya que aseguró que este mismo proceso se ha repetido en otros municipios donde las autoridades también se han negado a pagar indemnizaciones a los trabajadores despedidos injustificadamente y que han obtenido laudos a favor.
“Si los trabajadores de la presidencia se vieron afectados en sus pagos porque las cuentas estaban embargadas la responsabilidad fue de las mismas autoridades municipales que no nos quisieron pagar lo que la ley ordenó mediante los laudos que ganamos, esto no lo hicimos con dolo en otros municipios se han embargado cuentas no es un caso particular el de Tequisquiapan”, dijo.