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El secretario de Gobierno del estado, Jorge López Portillo Tostado, aseguró que hay elementos suficientes para referir que la detención de Juan Pablo Rangel Contreras fue en el marco de la legalidad “no hay ninguna clase de montaje”, aclaró.
“Nosotros no tenemos ningún dato preciso al respecto, sabemos lo mismo que ustedes, a través de los medios de comunicación y la Procuraduría General de la República (PGR), autoridades que está llevando a cabo la investigación respectiva en los expedientes correspondientes a las averiguaciones previas”, comentó el funcionario.
“Hay referencias absolutamente legales y reales por parte de PGR que tiene los expedientes respectivos y no hay ningún tipo de montaje en la detención de Juan Pablo Rangel”.
Lo anterior, porque en días pasados el abogado del ex contralor del municipio de Querétaro, Rafael Heredia Rubio (reconocido litigante a nivel nacional) informó, en entrevista, que el caso de Juan Pablo Rangel Contreras es un “montaje político”.
Investigan una denuncia anónima. Al afirmar que las acusaciones de la Procuraduría General de la República y la manera en que han actuado es incongruente y sin sustentos; y que el arma encontrada en su automóvil —cuando fue detenido— fue “plantada” por los elementos que estuvieron a cargo de la detención.
Al momento de que le hicieron el alto (el día de su detención) únicamente se llevaba la intención de hacerle la requisición de presentación, luego de una “denuncia anónima”, pero lo detuvieron porque supuestamente portaba una arma prohibida.
Por todo ello, se puso una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos (DDHQ), que fue remitida, posteriormente, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Enfatizó el abogado que la única acusación en contra de Rangel Contreras es por portación de arma de fuego y no por espionaje ni lavado de dinero.
Asimismo, se dio cuenta de supuestos desvíos de fondos de la presidencia municipal de Querétaro (en el trienio 2009-2012) a Caja Libertad (hoy Libertad Servicios Financieros) para operar créditos “fantasma”, es decir, otorgar dinero que ahora es incobrable.
Estado se mantendrá al margen. Por esto último, el secretario de Gobierno de Querétaro, Jorge López Portillo Tostado, indicó que seguirá sin haber intervención del estado, en tanto no exista una requisición de parte de la autoridad federal.
“No (habrá participación) si no hay una referencia particular o una solicitud específica de parte de la Procuraduría General de la República; no tenemos ningún conocimiento salvo las referencias mediáticas dadas a conocer”, explicó el funcionario.
En tanto, el procurador de la entidad, Arsenio Durán Becerra, refirió que solicitaron información sobre el caso a la Procuraduría General de la República, aunque todavía no se entregan dichos informes.
“No hemos recibido todavía una respuesta. Sí hicimos la solicitud correspondiente y estamos en espera del informe que la Procuraduría General de la República podría estar formulando; tendrá más de una semana que se hizo esta solicitud”, expuso.
