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Un grupo de 30 comerciantes de la Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto (UCFP) recibieron la segunda resolución favorable por parte de un juez federal, para ser reinstalados en la alameda Hidalgo de donde fueron desalojados en junio del año pasado, así lo dio a conocer Pablo González Loyola, líder de dicha organización.
En rueda de prensa, efectuada frente a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de gobierno del estado de Querétaro (TSJ), González Loyola confirmó que el 13 de enero fueron notificados por el segundo amparo interpuesto para ser reinstalados en la alameda, pues dijo, se comprobó que el retiro de sus mercancías se realizó fuera de legalidad.
Loyola indicó que en un lapso de diez días las autoridades municipales pueden impugnar esta resolución, emitida por instancias federales como respuesta del segundo amparo presentado por los comerciantes.
“La resolución determina la restitución de las garantías y derechos humanos violados a comerciantes del andador comercial, para efectos de que se les restituya los carritos comerciales al espacio contiguo a avenida Zaragoza, y se les permia ejercer la actividad del comercio sin molestia alguna”, apuntó.
No obstante, de acuerdo con lo emitido por el líder de la UCFCP, 15 comerciantes no fueron favorecidos con esta resolución al no contar con el refrendo de la licencia municipal correspondientes al año 2016; sin embargo, indicó que se continuará con el procedimiento jurídico al respecto, ya que dichas licencias no fueron invalidadas.
Agregó que se mantendrán dispuestos al diálogo con las autoridades municipales para ser reubicados en otro espacio siempre y cuando mantenga la misma afluencia comercial que la Alameda Hidalgo.
En este sentido, dijo que mantienen la propuesta de reinstalarse en las inmediaciones del centro cultural Manuel Gómez Morín, pues recordó que hasta el momento las propuestas del municipio de Querétaro son espacios ubicados en la periferia de la ciudad, sin vocación comercial, e inhabilitados para la venta de mercancías.
Exhortó al presidente municipal Marcos Aguilar Vega, para que tenga la voluntad de cumplir la resolución de las instancias federales y a Francisco Domínguez Servién, gobernador de la entidad de cumplir en la parte correspondiente, pues dijo, que como autoridad está obligado a proteger, preservar y respetar los derechos humanos.
“No es necesario llegar al final de estas resoluciones, si hay voluntad por parte de las autoridades de llegar a acuerdos. Si es así, nos atenderemos a las resoluciones finales. Tenemos el derecho para los que no se les ha concedido amparos de ir a una resolución, estamos dispuestos al diálogo”, reiteró.
Finalmente, Pablo González Loyola informó que el próximo 23 de enero reanudarán la mesa de diálogo con Manuel Velázquez Pegueros, secretario de Gobierno municipal.
Reconoció que los vendedores aceptaron de manera provisional el espacio del estacionamiento del parque New Holland.
