El equipo jurídico de la mujer otomí Jacinta Francisco Marcial, estima que hoy el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa fallará a favor de la indígena originaria del municipio de Amealco de Bonfil, con lo cual se podría configurar el cobro de una indemnización por los más de tres años tres meses que estuvo recluida injustamente en el Centro de Readaptación Social Femenil (Cereso) de San José El Alto.
Jacinta Francisco Marcial fue detenida de forma arbitraria el 3 de agosto de 2006, acusada —junto a otras dos mujeres— de haber “secuestrado” a seis efectivos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI). El delito, según la Procuraduría General de la República (PGR), ocurrió el 26 de marzo de ese mismo año en un tianguis ubicado en la comunidad de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro.
Pese a enfrentar un proceso judicial lleno de irregularidades, Jacinta Francisco fue condenada en diciembre de 2008 a 21 años de prisión, pero ante la falta de solidez de las pruebas en su contra, las autoridades tuvieron que retirar los cargos y un juez decretó su liberación el 15 de septiembre de 2009.
La mañana de este martes, EL UNIVERSAL Querétaro conversó con Andrés Díaz Fernández, coordinador jurídico del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC, quien estableció que la Sala del Pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abordará durante la mañana de este miércoles la revisión del recurso de reclamación y reparación de daño que interpuso Jacinta en dicho tribunal.
La expectativa del equipo jurídico que acompaña el caso, desde su gestación, estima que el fallo de los jueces del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa será a favor de la mujer indígena, originaria del municipio de Amealco.
“En 2009, la PGR dejó en libertad a Jacinta por la falta de pruebas. Mañana [hoy] vamos a presenciar la revisión de esta realidad, en contraste de los tres años tres meses que pasó Jacinta injustamente recluida y privada de su libertad. Nosotros vamos a demostrar que la PGR es responsable de esta situación”, explicó el abogado
La indemnización que podría recibir la mujer otomí, en los próximos días, además de la reparación del daño, incluiría las percepciones económicas que dejó de recibir Jacinta y su familia durante los 39 meses en los que se dedicaron, todos ellos, de tiempo completo a luchar por la liberación de su familiar. No obstante, por razones jurídicas y de seguridad, el monto de dicha indemnización, estableció Andrés Díaz, permanecerá oculto al público.