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Carmen Consolación González Loyola y Cándida Costa Pérez, hermana y esposa, respectivamente, de Pablo González Loyola, líder de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, detenido por el presunto delito de motín, ofrecieron una rueda de prensa para hablar sobre los detalles y supuestas irregularidades en la detención de su familiar y advirtieron que en caso de no obtener justicia en el estado, buscarán ayuda en los tribunales federales.
“Consideramos que hay un juicio por consigna tanto por parte de la fiscalía oficial como por parte del poder judicial, lo que nos lleva a concluir que muy difícilmente vamos a conseguir justicia a nivel estatal y acudiremos ante los tribunales federales.
“Se trata de una acción política de represión en contra de él, para poder realizar lo que ocurrió el domingo, el desalojo de la Alameda, y nosotros como familia vamos a buscar ante todos los tribunales que la ley nos permite, para poder obtener lo más pronto posible su libertad”, explicó la hermana del detenido, Carmen Consolación González.
Informó que Pablo González enfrentará el proceso legal privado de su libertad al no concederle el derecho de libertad bajo fianza y serán mínimo tres meses para el desahogo de pruebas y para dictar sentencia, que puede ser de dos a 12 años de cárcel.
Carmen González se dijo sorprendida con la rapidez que las autoridades realizaron la audiencia.
“Fue de una manera exprés, los hechos de lo que lo acusan ocurrieron la madrugada del jueves, la denuncia se presentó el mismo jueves, la orden de aprehensión se giró también el jueves, se ejecutó la orden el viernes por la mañana y a las cuatro de la tarde se realizó la audiencia y a las seis de la tarde estaba resuelto su caso, no conozco ningún juicio con esa prontitud por lo que decimos que se trata de un juicio por consigna política”, detalló.
Además la familia de González Loyola reveló que iniciarán un proceso de juicio de amparo, así como la presentación de una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debido a que al momento de su detención, Pablo González sufrió supuesto maltrato por parte de la Guardia Municipal que le causó una fractura en el brazo que no fue atendida.
“El juez decretó la cárcel preventiva porque dice que es (Pablo) un peligro para la comunidad. Va a enfrentar el proceso bajo el nuevo sistema pero nosotros promoveremos los recursos correspondientes para obtener su libertad, es una acusación absurda, sin fundamento, que viola los derechos humanos como la libertad de expresión, por eso haremos nuestra lucha a través del juicio de amparo”, reveló.
