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La administración municipal que presida Guillermo Vega Guerrero enfrentará cerca de 45 demandas laborales y 15 juicios interpuestos por proveedores de bienes y servicios, así como por contratistas de obra pública ejecutada sin que se saldara el monto de las mismas, reconoció el regidor síndico Rafael Camacho, quien agregó que estas demandas representan un monto de 12 millones de pesos.
Explicó que la mayoría de estas demandas fueron interpuestas por contratistas de obra ejecutada en las administraciones 2006-2009 y 2009-2012:
“La mayoría de estos asuntos fueron iniciados en las pasadas administraciones y lo que corresponde a este periodo de gobierno son cerca de tres demandas de proveedores interpuestas en estos casos, incluso no se niega que se mantiene la deuda, pero se ha pedido a los proveedores que integren los documentos faltantes de sus expedientes para poder hacerles el pago correspondiente”, comentó.
El regidor síndico agregó que también quedará pendiente de resolver el juicio interpuesto desde hace más de 10 años por el ejido San Juan, que demanda el pago de 180 millones de pesos aproximadamente como parte de la supuesta indemnización que solicitan por la ocupación de tierras en las que actualmente se ubican edificios municipales e instituciones de salud y educativas.
Asimismo, Rafael Camacho reconoció que hay pendientes por resolver asuntos mercantiles y civiles, estos últimos correspondientes mayormente a las demandas por despidos injustificados que se vienen heredando en las últimas administraciones y a las que se suman juicios iniciados en el actual periodo de gobierno.
“Éstos juicios no pueden ser resueltos de inmediato porque se lleva un procedimiento legal que se debe respetar, la ley marca términos y por consecuencia no se resolvieron en este periodo de gobierno”, agregó.
Explicó que al inicio de la presente administración se recibieron 67 asuntos laborales y de estos quedaron cerca de 45 correspondientes a pasadas administraciones y al actual periodo de gobierno. El regidor síndico aseguró que a unos días de que concluya este periodo de gobierno las autoridades continuaban en las pláticas con algunos ex trabajadores que mantienen vigentes los juicios laborales a fin de llegar a un acuerdo, sin embargo reconoció que no se concretará solución alguna y que serán las próximas autoridades las que deberán de hacerse cargo de las demandas laborales.
“Sí se va a quedar un número importante de asuntos laborales que forman parte de estos juicios pendientes por resolver y que mayormente se vienen arrastrando de las pasadas administraciones, nosotros pretendíamos dejar el menor número posible de asuntos, pero también obedecemos a tiempos legales en los que nosotros no podemos intervenir y también dependíamos de la voluntad de los trabajadores a efecto de llegar a algunos convenios los cuales al final no se concretaron”, indicó el funcionario.
Rafael Camacho reiteró que el compromiso de esta administración había sido el de heredar el menor número posible de asuntos legales, sin embargo reconoció que en algunos casos dependía de la voluntad de los trabajadores o de los proveedores para llegar a acuerdos de pago, situación que no se pudo concretar lo que originó que queden estos pendientes para la siguiente administración y que deberán resolver los próximos funcionarios.
