A tan sólo 40 días de la última gradualidad del nuevo sistema penal de justicia oral en todo el país, Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno, en representación del gobernador Francisco Domínguez Servién, encabezó la tercera sesión de trabajo de la Comisión Interinstitucional para la Implementación y Evaluación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, donde se aprobó el 30 de mayo como fecha para que concluya de manera correcta la última etapa.
En cumplimiento al mandato del gobernador de implementar una “justicia oral sin pretextos”, el secretario de Gobierno informó que será el próximo 30 de mayo cuando se termine la tercera etapa de la implementación, que calificó como hecho histórico en materia de justicia y seguridad que será de la mayor relevancia para la vida pública de Querétaro.
Granados Torres indicó que Querétaro será referente nacional e internacional en materia de justicia oral.
Como gobierno inscrito en la modernidad, detalló que se debe ofrecer al ciudadano un sistema de justicia en el que pueda confiar; que sea garante de una justicia más pronta y expedita; ofrezca juicios transparentes; privilegie el respeto y derechos de la víctima, la reparación del daño; promueva la reinserción del acusado y mejore la convivencia social; asegure que prevalezca la libertad de los ciudadanos frente al poder, y garantizar paz y orden a los queretanos.
En el evento estuvieron presentes los integrantes de la Comisión Interinstitucional para la Implementación y Evaluación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del estado de Querétaro, la magistrada Consuelo Rosillo Garfias, presidenta del Tribunal Superior de Justicia; Eric Salas González, presidente de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura, y Luis Antonio Rangel Méndez, presidente de la Junta de Concertación, Administración y Procuración de Justicia.
Estuvieron también el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres; el procurador de Justicia, Alejandro Echeverría Cornejo; Denisse Mariana Ríos López, secretaria Ejecutiva de la Comisión Interinstitucional para la Implementación y Evaluación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, y el jefe de Departamento de Defensoría Pública, Salvador Arvizu Galván.
