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La tarde de ayer, en el foro Derechos Alimentarios de la Niñez y Adolescencia, que se llevó a cabo en el Senado de la República, la legisladora por Querétaro, Marcela Torres Peimbert, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de perfeccionar la regulación de la pensión alimenticia en México.
Para alcanzar dicho objetivo, la iniciativa propone: crear el Registro Nacional de Obligados Alimentarios Morosos (Renoam), que estaría a cargo del Sistema Nacional de Protección Integral; que la sociedad contribuya alertando sobre las operaciones financieras, crediticias, comerciales, corporativas, bursátiles y laborales en las que pretenda participar un deudor moroso, y se pretende que el deudor alimentario cumpla de manera oportuna, eficaz y suficiente con su obligación.
“El Registro de Deudores que aquí proponemos no solamente sirve para tener una base de datos pública nacional de los padres que no cumplen con su obligación de brindar el sustento necesario a sus hijos, además, con la colaboración de diversas instancias gubernamentales y privadas, logra que los deudores alimentarios puedan ser cuestionados al momento de otorgarles un crédito bancario, una contratación en alguna empresa, etcétera. Al aumentar la presión social probablemente podremos facilitar el que cumplan con su obligación”, expresó.
Agregó que mejorar la regulación para garantizar la pensión alimenticia es “una obligación para el Estado, no sólo el protegerlo de manera enunciativa, a través de un marco normativo idóneo, sino también de asegurar que su cumplimento se de en tiempo y forma. Actualmente sólo tres estados cuentan con registros de deudores alimentarios: Chiapas, Coahuila y la Ciudad de México. La falta de homogeneidad en la legislación local hace que este derecho no sea fácilmente exigible en el resto del país”, explicó.
Señaló que México cuenta con instrumentos jurídicos acordes con los compromisos internacionales en materia de protección a los derechos de la infancia, sin embargo el camino para asegurar su cumplimiento aún es largo.
“De eso se trata esta iniciativa, de encontrar los mecanismo legales para que nuestros niños y niñas puedan hacer valer su derecho de tener asegurado su sustento, sobre todo en un país donde 1 de cada 3 familias es monoparental”, dijo.
Finalmente, Marcela Torres mencionó que la iniciativa tiene el apoyo de instituciones de la sociedad civil organizada.
