De 2013 a 2014, la Defensoría de los Derechos Humanos en el estado ha atendido ocho quejas relacionadas con el abastecimiento del agua, señalando como responsable a la Comisión Estatal de Aguas, informó el titular del organismo, Miguel Nava Alvarado.
Comentó que en 2013, la institución atendió un total de seis quejas relacionadas con el agua, mientras que en lo que va de este 2014, son dos quejas las que lleva acumuladas la dependencia por el mismo motivo, es decir donde la ciudadanía se queja del actuar de la CEA.
Recordó que en México se realizó una reforma al artículo cuarto constitucional el 8 de febrero de 2012, adicionando un párrafo en donde se establece que toda personas tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento para consumo personal y doméstico en forma suficiente y salubre y para ello el gobierno tiene que crear las condiciones necesarias para dotar del líquido.
“Esto que aparentemente se escucha como un derecho humano, hoy en nuestro país se está convirtiendo en un flagelo social y Querétaro no está al margen de este tipo de situaciones, en donde algunas personas no tengan derecho y que no se les ha garantizado este derecho humano al agua potable y su saneamiento”, aseveró.
Refirió que por esta causa son las quejas de la ciudadanía en la Defensoría, por falta de abasto de agua, cobros excesivos o restricción al líquido por parte de las dependencias encaragadas de esa tarea.
“A unos años de que entró en vigor esta reforma, no se logra materializar ni implementar porque la Constitución dice que el derecho humano de las personas y la aplicación de la ley tendrá que ser en su beneficio, pero hoy en nuestro país generan contradicción entre las mismas”, enfatizó.
Sin embargo, Miguel Nava refirió que actualmente en el estado son muchas las preguntas que se deben de hacer entorno al agua, principalmente si en verdad se está garantizando ese derecho por parte del estado mexicano, federación, estado y/o municipio. Refirió que la respuesta a esa pregunta es negativa.
“Una problemática que hoy existe en Querétaro es que la gente que viene a quejarse, como es el caso de los fraccionamientos, en donde no existe el cobro individualizado del agua, ya que cuando el constructor hace un fraccionamiento, ponen tomas de agua, y al vender la propiedad comienzan a habitar, y es cuando se realiza un cobro inequitativo del agua para los habitantes”, aseveró el defensor de Derechos Humanos en la entidad.
Por ello, agregó Nava Alvarado, que este actuar es incorrecto, ya que cada hogar debe tener su propio medidor y un cobro individualizado, tal y como sucede con el consumo de energía eléctrica y para este avance la CEA también debe ser partícipe y no excusarse con que el cobro “es urbano”.
“En el consumo del agua como un derecho humano, tendrían que existir las condiciones legales necesaria para que el cobro fuera proporcional y el estado tuviera la obligación de garantizar ese suministro de agua y no la restricción, ni la suspensión de ese derecho, aun cuando el usuario sólo quiera pagar el líquido que usó”, concluyó.
