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La venta de combustibles en Querétaro, por medio de los llamados huachicoleros, es un tema que se ataca de manera frontal en la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), que en lo que va del año suman 37 detenciones de sujetos presuntamente involucrados con este delito del fuero federal.
Los huachicoleros se caracterizan por comprar y vender combustible de cuestionable procedencia bajo nulos esquemas de seguridad o calidad, a la vista de las autoridades que se encuentran limitadas a actuar tras una denuncia ciudadana.
Estos sujetos, quienes inevitablemente son vinculados con las ‘ordeñas’ clandestinas a los ductos de Pemex que constantemente se registran en Querétaro y sus alrededores, son identificados en la carretera por hacer señas a los conductores de los camiones de carga, quienes reconocen el tipo de servicio y/o producto que ofertan en improvisadas cabañas de pequeñas dimensiones.
En estos modestos inmuebles, es donde almacenan barriles, tambos, garrafas y mangueras para el almacenamiento y extracción o abastecimiento de los combustibles, según sea el caso.
A unos 50 metros de distancia, el huachicolero suele apilar algunos envases de diferentes tamaños que marca con la cifra que paga por la cantidad de combustible que le quepa a cada uno, los cuales pueden ir desde los 250 pesos, hasta los 500 o más, dependiendo del recipiente con el que el transportista desee negociar.
Dudosa procedencia
Se estima que el origen del combustible que estas personas ofertan a pleno pie de carretera, es obtenido mediante las tomas clandestinas de Pemex que se detectan tanto en Querétaro como de Guanajuato, de ahí la preferencia de transportistas por adquirir este tipo de producto, obtenido presuntamente de manera ilegal, lo que abarata su costo.
De acuerdo con información proporcionada por la PGR, en lo que va del año se han detectado 24 tomas clandestinas a los ductos de la paraestatal, en territorio queretano, de las cuales, se detuvieron a 37 personas y ocho fueron consignados ante el Ministerio Público del orden federal, encargado de atender este tipo de delitos.
Asimismo informó que se giraron 10 órdenes de aprehensión contra presuntos involucrados en algunas de las 40 averiguaciones previas.
Los riesgos
El grado de inflamabilidad de estas sustancias, vuelven una “bomba de tiempo” este tipo de establecimientos que no cuentan con ningún medida de seguridad ante cualquier contingencia, ni su personal con capacitación para trabajar con estos materiales.
Aunado a este tema, se debe tomar en cuenta que se trata de productos que de manera muy probable fueron obtenidos de manera ilícita, por lo que quien incurra en una transacción de compra-venta en este tipo de establecimientos, automáticamente se vuelve cómplice de los responsables del delito, por lo que se podría ejercer acción penal.
