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La resolución que la Suprema Corte de Justicia aprobó, donde se prohíbe indagar en los teléfonos celulares de los detenidos para la obtención de pruebas sin la previa autorización de un juez federal, podría retrasar y dificultar las investigaciones que se realizan a los procesados, consideró el procurador general de Justicia del estado, Arsenio Durán Becerra, quien subrayó que simplemente será cuestión de cumplir una formalidad más.
“Sí, implica un poco más de complicación. Se dificulta para poderle dar seriedad a la investigación, porque en muchas ocasiones esta información se tiene que estar procesando y aprovechando de manera inmediata”, aseguró el procurador
Durán Becerra confió en que ahora que se deberá seguir este nuevo procedimiento, los jueces concedan las autorizaciones correspondientes que permitan conocer el contenido de los aparatos de comunicación, y así coadyuvar al esclarecimiento de los hechos.
“Simplemente sería cuestión de que se instrumentaran los mecanismos adecuados para que las autorizaciones pudiesen gestionar lo más rápido y eficazmente posible para que también con la oportunidad debida se pueda definir si se otorga o no la autorización, para entonces aprovechar la información que suele ser de mucha utilidad para el esclarecimiento de mucho hechos delictuosos a veces muy delicados”, refirió el funcionario estatal.
Resolución
Hace dos semanas, el Tribunal Superior de Justicia, resolvió que cuando el teléfono celular de un sospechoso de delito sea asegurado, este deberá permanecer almacenado sin que se pueda acceder a cualquiera de los archivos que contenga.
Si agentes del Ministerio Público o policías incurren en estas acciones sin previa autorización del juez correspondiente, las pruebas presentadas carecerán de cualquier valor.
