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El ex alcalde del municipio de Corregidora en el periodo 2006-2009 y ahora diputado local, Germán Borja, opinó que la demanda contra el priísta Carmelo Mendieta, es una cuestión que será resuelta en las instancias jurídicas y legales, aunque dijo, si se obró mal tiene que actuarse en consecuencia. Afirmó que no se trata de una “cacería de brujas” por parte del ahora alcalde, sino que es una cuestión que ha salido a relucir derivado de las auditorias, por lo que el grupo parlamentario del PAN apoyará para que si hubo irregularidades por parte de la administración pasada del ayuntamiento, no queden impunes. “Yo creo que Toño Zapata está argumentando bien estas denuncias, ya que desde un principio él dijo que no iba por el (Carmelo Mendieta) sino viendo los resultados que van dando las auditorias. Hay que hacerlo con los pies puestos sobre la tierra y si obró mal vamos hacer que no haya impunidades”, aseveró Germán Borja. Dijo que será necesario que se llegue hasta el fondo de todas las irregularidades que han surgido después de que el ex presidente municipal priísta dejara la administración, principalmente si hizo un mal uso de los bienes públicos. “Cuando yo fui alcalde del ayuntamiento, cuando deje la administración, de los 18 municipios fui el único municipio que deje en números negros el municipio. Dejamos aguinaldos y todas las obras con dinero etiquetado de aproximadamente 50 millones de pesos, además de que Corregidora es un municipio que tiene ingresos propios muy considerables y que con una buena planeación no veo como pueda dejarse endeudado”, aseveró. Esta semana el alcalde de Corregidora, Antonio Zapata informó que denunciará penalmente al ex alcalde del ayuntamiento J. Carmen Mendieta Olvera y 3 de sus ex funcionarios, esto por evasión fiscal durante el 2011, siendo una deuda que asciende a 36 millones de pesos. En este mismo sentido, una denuncia ya fue presentada ante el SAT local, por lo que se está esperando a que se termine de hacer el recuento final para poner en este mismo sentido la denuncia ante el SAT de la ciudad de México y posteriormente ante la Procuraduría General de Justicia por ser un delito federal.
