El presidente del Colegio de Abogados Litigantes del Estado de Querétaro, Calixto de Santiago Silva, afirmó que la empresa de transporte particular Uber opera ilegalmente en la entidad, pues “pone en riesgo la seguridad de los usuarios”.
En entrevista, Calixto Santiago señaló que la seguridad de los queretanos que solicitan un servicio de taxi tiene más peso que cualquier amparo que pudiera interponer la empresa con el argumento de violar los derechos humanos sobre el libre tránsito y de trabajo que protege la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Indicó que las autoridades estatales tienen la obligación de otorgar las concesiones para la operación del transporte público, siempre anteponiendo la seguridad de los usuarios, para lo cual los amparos son obsoletos.
El letrado recalcó que “el estado tiene la inherente obligación de regular todas estas concesiones, primero para otorgarle seguridad y certeza al gobernado de a pie, que sea con quien se suba le dé una tarifa preferencial, que sepa con quién se sube y cómo se sube, la preocupación es esa, no el modelo del vehículo, ni la facturación electrónica, es directamente quién traslada a las personas, sin saber en ciertas circunstancias que pudieran ser personas que no son del estado”.
“El estado deberá otorgar concesiones para realizar las labores de taxi, transporte público o transporte educativo en algunos escuelas, creo que el estado tiene la inherente obligación de regular todas estas concesiones”, aseveró De Santiago Silva al advertir que “el estado y los órganos jurisdiccionales tienen que permear en una idea de protección al usuario final, a la colectividad, que no por un individuo se perjudique a la colectividad”.
El presidente del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro puntualizó que tampoco se abren ofertas de empleo a personas del estado, sino a personas que vienen de otros estados, cuando lo esencial es darle certeza jurídica al usuario en Querétaro, por lo que los amparos no tendrán cabida.
“Que el beneficio de un individuo perjudique a la colectividad, y la colectividad debe de tener certeza jurídica, en razón al particular que maneja una concesión”, acotó.
Calixto de Santiago precisó que el beneficio de la sociedad es la prioridad, y el gobierno del estado debe de velar por esa bienestar y no proteger a una empresa que no cuenta con los permisos que amparen a los usuarios.
“Nosotros nos pronunciamos a favor del estado de Derecho y el respeto a las normas inherentes de manera jurídica, eso es lo que nosotros pretendemos”.
El días pasados, el secretario de Gobierno, Jorge López Portillo, había dicho que la empresa Uber era ilegal, por el hecho de prestar un servicio para el cual no está concesionada.
