El secretario de Gobierno capitalino, Manuel Velázquez Pegueros, negó que las autoridades amenazaran al abogado de los comerciante ambulantes de Alameda Hidalgo, César Tarello Leal.
“Como abogado, sabemos perfectamente que son procesos judiciales, él ha llevado miles de oficios y siempre ha tenido mi reconocimiento como profesionista en el oficio; no existe nada personal. Se lo he expresado personalmente, este es un proceso judicial y debemos trabajar con dos escenarios”, comentó Velázquez Pegueros.
Tarello Leal publicó en su cuenta de Facebook que el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, y el presidente municipal, Marcos Aguilar, “me amenazan por ejercer mi labor de abogado en causa justa y ganada (...). Si algo me pasa, culpo al gobierno del estado de Querétaro y al municipio”.
Sobre la sentencia federal para reinstalar a los comerciantes en la Alameda Hidalgo, Velázquez Pegueros reiteró que continúan las negociaciones con los ambulantes, y señaló que hay muchas formas de dar cumplimiento a la sentencia federal.
“Seguimos con las mesas de trabajo, este lunes vence el plazo del primer amparo; el segundo amparo vence el siguiente mes. Jurídicamente existen diferentes herramientas que se están analizando; lo más importante es transitar en el diálogo sobre el disfrute de la Alameda. Es una petición que nos han hecho los ciudadanos, eso es lo que estamos defendiendo, que los comerciantes sigan ejerciendo el comercio en los lugares que se les han ofrecido y que los queretanos sigan disfrutando de la Alameda”, aseguró.
No detalló si el municipio interpondrá un procedimiento judicial para evitar el cumplimiento de la sentencia.
“El cumplimietno de la sentencia no se ha vencido, no podemos interponer algo si no se ha vencido. Los escritos se presentan ante el juez, no se litiga en otro espacios. No vamos a litigar ante los medio”, comentó.
Tarello ha comentado anteriormente que el municipio ya no tiene oportunidad de pedir más prórrogas, por lo que deben acatar la orden de reinstalación de los vendedores.
También ha señalado que el gobernador Francisco Domínguez no tiene poder para interponer un amparo en esta situación porque va en contra de la Ley de Amparo.