Los habitantes de seis comunidades de Huimilpan ganaron el amparo interpuesto contra la instalación de 15 naves de la empresa Avícola Gala Sociedad de Producción Rural y Responsabilidad Limitada, por lo que tendrán que ser cerradas a más tardar 24 horas después de su notificación.
La abogada Izarelly Rosillo Pantoja, acompañada de pobladores de estas localidades, dijo que la autoridad municipal tiene 24 horas, después de ser informadas, para revocar los permisos y cerrar las granjas.
Asentó que de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana (NOM), las granjas no cumplen los requerimientos ambientales, que resaltan que deben estar a 5 kilómetros de distancia entre la población y el sitio donde se encuentran.
“Lo anterior se deriva de la sentencia de amparo que se otorga para efectos de que se dejen insubsistentes la licencia de construcción otorgada por el municipio de Huimilpan, a través del director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, LIC/079/2011 con folio 0476 expedido el 23 de noviembre de 2011 y el dictamen de uso de suelo contenido en el oficio DOP/426/ 2011”, manifestó.
En rueda de prensa realizada en un restaurante de Plaza de Armas, la abogada explicó que en 2008 se presentaron unos inversionistas a las comunidades de La Puerta del Tepozán, El Vegil, El Milagro, El Garruñal, El Zorrilloy Carranza, solicitando a los habitantes que se les diera una autorización para la instalación, desarrollo y operación de granjas avícolas, pero los pobladores se negaron, “mientras que los inversionistas respondieron que con o sin su permiso se instalarían y operarían”.
Agregó que en reiteradas ocasiones manifestaron a diversas autoridades el riesgo inminente que significaban a la salud; así como el impacto ambiental que ocasiona la operación y construcción de las granjas.
Dijo que el pasado 16 de diciembre del 2011 se dio inicio a un juicio de amparo indirecto de parte de los pobladores contra la empresa y las autoridades responsables que autorizaron la construcción, instalación y operación de las granjas avícolas.
Agregó que durante meses se presentaron ante las autoridades federales, estatales y municipales, tales como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Semarnat, Secretaría de Desarrollo Sustentable del municipio (Sedesu) del municipio de Huimilpan, así como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quienes a su decir “hicieron caso omiso a nuestras peticiones”.
Luego en la demanda inicial interpuesta por los quejosos, así como de los informes de las autoridades responsables, se acreditaron las violaciones directas a los derechos humanos de los pobladores por la constitución federal.
Ricardo Vargas, representante de las comunidades afectadas, pide a la alcaldesa María García Pérez su apoyo, “ya que dos días antes de que tomara posesión nos reunimos con ella y dijo que esperaría la resolución del juez y luego nos apoyaría”.