El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado rechazó la ampliación de la demanda interpuesta por 120 trabajadores jubilados en septiembre pasado, ante la suspensión de la prestación del servicio médico.
De acuerdo con Norma Rodríguez Fajardo, representante de los pensionados y jubilados, posterior a la audiencia que buscaba incluir en la demanda a 50 trabajadores más, será hasta marzo del siguiente año que el Tribunal le dé continuidad a este proceso jurídico.
Durante septiembre, trabajadores jubilados de gobierno del Estado, presentaron una demanda laboral contra el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial por la negativa de la parte patronal, de pagar la asistencia médica establecida en el contrato colectivo.
“Nosotros recibíamos todo lo que gastábamos en medicina porque no teníamos seguro cuando se nos jubiló (…) entonces, se ganó la prestación de pagarnos los gastos médicos, el cual a partir de marzo de este año, nos suspendieron. Primero dijeron que era por fallas en el sistema, hasta que lo suspendieron totalmente”, mencionó Rodríguez Fajardo.
“Los que estamos jubilados somos de la tercera edad ya con gastos de medicina específicas que de algún modo sabemos que en el Seguro Social, no los tienen. Nos ha perjudicado en nuestra economía, porque es un ingreso menos y es un gasto que tenemos que hacer. Ya van dos personas que fallecen porque se les indicó que era urgente que se les hiciera una operación, o un tratamiento y en el Seguro Social no se los hicieron con la premura que debían”, dijo.
De acuerdo con Ignacio Aguilar Ramírez, magistrado presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, se rechazó la ampliación de los demandados, debido a que esto no es posible de forma procesal, por lo que los 50 trabajadores adicionales, deberán de interponer sus demandas en lo individual.
Rodríguez Fajardo advirtió que la medida tomada por el Tribunal está motivada para retrasar el proceso jurídico, pues la siguiente audiencia está prevista dentro de cuatro meses, el 28 de marzo del 2017.
“Nosotros desde un principio hicimos un llamado al señor gobernador basándonos en la Ley de Adulto Mayor que precisamente especifica que las autoridades deben de ver de sus derechos a los adultos mayores y a los derechos humanos. Esto fue a perjuicio (de los trabajadores) (…)La ley no puede ser retroactiva, no se pueden quitar derechos a los trabajadores, ni nada que vaya en contra de sus beneficios”, sostuvo el magistrado presidente.