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Entre el periodo del 12 de febrero de 2016, cuando se implementó el programa alcolímetro en las calles capitalinas, hasta el pasado 20 de marzo de 2017, se han remitido dos mil 426 automovilistas infractores a los tres juzgados que hay en la capital, entre los que se incluyen nueve menores de edad.
El jefe del departamento de Juzgados Cívicos, Daniel Rodolfo López Landeros informó lo anterior, además de detallar las sanciones que existen para los automovilistas que no pasen la prueba de alcoholimetría en los diversos puntos de la ciudad en donde se instala el programa preventivo.
Las sanciones, dijo, incrementan por grado de alcohol que presente el infractor, que van de 4 mil 500 pesos hasta 18 mil pesos.
“Es decir, 0.19 grados es la tolerancia, si encontramos un conductor con debajo de esta cantidad se le emite su constancia y se agradece su participación en el programa. Si ya estamos hablando de un infractor de 0.20 a 0.39 grados ya es sujeto de una sanción que va de 100 a 150 días de salario o de ocho a 16 horas de arresto”, explicó.
El funcionario comentó que no se aplican las dos sanciones, sino que el sujeto en cuestión tiene la posibilidad de determinar si puede pagar la multa o cumple el arresto.
“Han pagado, de las dos mil 426 personas que se han detenido en poco más de un año, 600 conductores remitidos. La cantidad mínima que se paga son 4 mil 500 pesos, la máxima son 18 mil pesos, pues cuando un conductor presenta de 0.65 a 1.49 grados de alcohol, es la medida máxima y la sanción es inconmutable”, precisó López Landeros.
Hay casos incluso, explicó, que las personas deben ser enviadas al Ministerio Público, pero es cuando rebasan 1.50 grados de alcohol en la sangre, por lo que en estos casos serían turnados a la fiscalía para seguirles un proceso.
En el mismo periodo, de febrero de 2016 a marzo del año en curso, son 16 personas las que fueron procesadas por la fiscalía.
Casos de adolescentes. En los casos de los nueve menores que han sido remitidos al Torito, Daniel López informó que el procedimiento que se ha seguido es en primera instancia contactar a un familiar mayor de edad, “normalmente es padre o madre, pero en los nueve casos que hemos tenido han comparecido los padres de familia y se les determina una amonestación verbal”.
Dijo además que de las dos mil 426 personas remitidas al torito, 10 son reincidentes. “Se endurecen las penas, pues la sanción es progresiva al contar con un expediente donde se verifica la sanción anterior”, explicó.
Otras faltas. Por otras faltas, a juzgados cívicos, reveló que el promedio al mes es de entre 550 a 600 personas a la semana en los tres juzgados cívicos con los que se cuenta en la capital, que se encuentran en la delegación Epigmenio González, en Santa Rosa Jáuregui y Félix Osóres. Las causas son distorsionar el orden, personas en estado de ebriedad, riñas, etcétera.
Son alrededor de 65 casos donde los remitidos por prueba de alcoholimetría presentan amparos, sin embargo no se ha tenido una resolución en contra. “Tenemos 99% de cumplimientos de arresto de personas que han estado amparadas, ellas regresan, cumplen su arresto y cerramos el expediente con esa situación”.
Caminantes sobre Los Arcos. La cantidad de 900 pesos fue lo que pagaron los dos jóvenes que caminaron sobre Los Arcos, emblema del estado, ya que López Landeros reveló que las acusaciones en este caso fue una falta administrativa que es la provocación de temor y alteración del orden que generó una alarma social
“Al ser dos arterias viales de riesgo tanto para el conductor como para los mismos sujetos que caminaron sobre ellos, fueron presentados y se les sancionó económicamente lo que determinó el juez. Fueron 15 UMA (Unidad de Medida de Actualización), estamos hablando de 900 pesos y eran estudiantes de licenciatura”.
