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El Órgano Municipal de Responsabilidades Administrativas (OMRA) inició el proceso sancionador en contra de 50 ex servidores públicos que no presentaron la declaración patrimonial final, tal como lo estipula la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado.
Así lo informó el titular de este órgano desconcentrado del municipio, José Alberto Bravo Morales, quien dijo, antes de irse, los trabajadores debieron decir en qué términos quedó su situación patrimonial.
“Iniciando los procedimientos que es una parte, me parece, delicada; como funcionario público no puedes decir ‘ahí nos vemos’, hay que entregar y hay que hacer una declaración final; hay algunos que no la hicieron, entonces vamos a iniciar los procedimientos”, destacó.
La Contraloría del estado turnó la lista de las personas obligadas a presentar esta declaración, y que no la hicieron o bien la hicieron fuera de tiempo, por lo que se analizará la sanción a la que pudieran hacerse acreedores.
“Nos turnaron la relación de los servidores públicos que no presentaron declaración patrimonial final, y se van sin decir adiós; entonces la Contraloría del estado nos mandó la relación de las personas que se encuentran en esa situación o bien los que la presentaron fuera de tiempo”.
Sin embargo, aclaró que ninguno de los ex funcionarios de primer nivel faltó a esta obligación, por lo que ningún integrante del gabinete de la administración anterior está sujeto a este procedimiento.
Las sanciones integradas en la ley, contemplan una multa económica para quienes tardaron en entregar su declaración; quienes no presentaron su documentación podrían ser inhabilitados. El grado de la sanción dependerá del grado de la falta, recordó.
La multa impuesta puede ser como mínimo de 15 días del salario que ganaba el funcionario en turno, es decir una quincena de sus ingresos; y de ahí subirá de acuerdo con relación en los días que tuvo de retraso para la entrega de la declaración patrimonial.
“Se impondrán las sanciones que correspondan (…) son 50 más o menos (los que no cumplieron); puede ser desde una multa que va desde 15 días, como mínimo, de su sueldo; hasta puede ser una inhabilitación por un año en el servicio en caso de que no la hayan presentado”, destacó.
El objetivo de la entrega de la declaración patrimonial es hacer un comparativo de los bienes de los funcionarios, año con año, para investigar (en caso de que se requiera) el origen de los recursos y la forma en que se obtuvieron los bienes, para descartar algún uso indebido del dinero público.
