La familia que ocupa cuatro hectáreas del ejido de San Nicolás en el municipio de Tequisquiapan, denunció que los responsables del intento de desalojo son el alcalde Antonio Macías Trejo, y el delegado de la comunidad, Juan Agustín Nieves, quienes no han resuelto el problema.
Daniel Trejo, uno de los agraviados, dijo que las personas que intentaron desalojarlos, incitados por delegado, son 400 pobladores de esta comunidad, quienes no son ejidatarios y buscan desocupar el predio con el argumento de la construcción de una escuela del nivel medio superior.
El intento de desalojo ocurrió el miércoles 19 de junio, cuando los pobladores destruyeron parte de la propiedad de la familia Trejo, a la cual ingresaron cortando las mallas metálicas con pinzas.
“Esto es una negligencia por parte de las autoridades; que inciten a la violencia, es nuestra casa, nosotros estábamos muy tranquilos. No es posible que nos quieran desalojar, nosotros no estamos en contra de la educación, pero la manera en la que hicieron las cosas no es justo, a nosotros no nos dijeron nada, sólo nos querían sacar de nuestra casa a la fuerza”, narró Daniel.
Externó que la denuncia ante los medios de comunicación se realiza por temor a que en Tequisquiapan suceda un hecho como el de los asentamientos irregulares de La Laborcilla, en el municipio de El Marqués, donde una persona resultó muerta, o como el de Corregidora, donde los pobladores mantienen conflictos por la regularización de los terrenos.
La representante legal de esta familia, Karla Cristina Mackenzie Olguín, pidió la destitución de quien resulte responsable por incitar a los pobladores a desalojar a esta familia, y exigió a Macías Trejo que la problemática se resuelva por la vía legal.
“Es muy importante que la incitación de las autoridades ejidales no puede ocurrir de esa forma, sin tener sustento legal. No es un problema legal ni jurídico, es un asunto político. Nosotros nos preguntamos dónde está el presidente municipal”, expuso.
La secretaria Ejecutiva del PT, Alicia Colchado Ariza, dijo que el conflicto entre predios y ejidos irregulares, terminará cuando los gobiernos incluyan a los habitantes en las decisiones sobre uso de suelo o regularización de la tierra. Explicó que la solución no es desaparecer al ejido, sino crear una fuente sustentable de empleo que permita a los agricultores vivir.