Alrededor de 10 mil y 11 mil pesos es el costo que tiene un contrato con la Comisión Estatal de Aguas (CEA) para el servicio en zonas habitacionales, esto para cada uno de las casas.
Así lo informó el vocal ejecutivo de la CEA, Habib Wejebe Moctezuma, quien dio esta cifra preliminar; ello entorno a la iniciativa de reforma al Código Urbano presentada por el Partido Revolucionario Instituto (PRI) para individualizar el cobro del servicio.
Es decir, se pretende que quienes pagan a través de regímenes condominales (quienes viven en zonas habitacionales privadas o en edificios) ahora paguen por lo consumido en cada casa habitación.
“Dentro de un contrato que ronda los 10 mil u 11 mil pesos viene incluido el medidor y la instalación de éste, es un proceso de individualización; estaremos atentos a la decisión del pleno. Los impedimentos que tenemos son realmente jurídicos”, explicó Wejeb Moctezuma.
El funcionario estatal explicó existen cerca de 90 contratos actualmente en la zona metropolitana de servicio que se cobran de forma masiva; como ejemplo, se tiene que si un edificio cuenta con 10 departamentos, cada uno paga por partes iguales el recibo mensual.
Esta situación genera inequidad, ya que las personas de algunos hogares consumen más agua que otros, o bien, algunos de esos departamentos se encuentran vacíos.
“Nos hemos enterado que está sometiendo a consideración esta modificación al código urbano para la individualización del cambio a tomas individualizadas (…) actualmente tenemos 90 medidores”.
Plantean iniciativa
Esta propuesta fue presentada por el grupo legislativo del PRI, en donde Ricardo Carreño Fraustro, diputado del segundo distrito de la capital, dijo sus representados padecen el cobro condominal.
“Se pueda hacer el trámite individualizado, pero con esta iniciativa de ley, la Comisión se hará cargo de realizarlo en general”, afirmó el diputado, quien a su decir, en su distrito existen 600 condominios.
Los legisladores explicaron se han realizado algunas reuniones con el vocal ejecutivo de la CEA para hablar sobre esta iniciativa y la factibilidad de llevarla a cabo.
Uno de los argumentos para proponer esta modificación es que el estado tiene un desarrollo inmobiliario de grandes dimensiones, con preferencia —de acuerdo con recomendaciones de urbanistas expertos— a un crecimiento vertical.