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El gobernador José Calzada Rovirosa, confirmó que la llegada de recursos federales se ha complicado para la implementación del sistema de Justicia Penal Acusatorio, por lo que no se podrá comenzar en marzo como se había planteado, sin embargo se estipuló el compromiso de arrancar en la presente administración.
De acuerdo con el proyecto establecido, 100% de este modelo estaría implementado en el mes de marzo, sin embargo, la federación no ha liberado los recursos que se requieren para contratar al personal para la operación.
El mandatario reconoció que ha sido una situación complicada, aunque se comprometió a cumplir con la reforma con límite a junio de 2016.
“Ha sido un reto para nosotros, un reto financiero, porque se toman decisiones centrales y la presión es para las finanzas estatales, asumimos nuestra responsabilidad, no rehuimos de ella, pero ha sido todo un tema el poder emplear más recursos para el sistema de justicia penal acusatorio, sí vamos a cumplir, estamos haciendo una reingeniería en los procesos administrativos y de costos al interior del gobierno para poder cumplir con este compromiso”.
Afirmó que la implementación se logrará, aunque no con los alcances, ni metas que se tenían planteadas; para poder cumplir se ha tenido que tener ajustes presupuestales en los tres niveles de gobierno.
Sin especificar montos, expuso que las necesidades están por encima de los recursos con que cuenta el gobierno “para qué le digo (cuánto falta) la verdad es que las pretensiones iniciales están muy por encima de las posibilidades reales del gobierno; entonces los tres poderes hemos hecho ajustes, apretándonos todos el cinturón para llegar a los juicios orales”.
A la fecha se han invertido, de acuerdo con informes del gobernador, más de 500 millones de pesos y se siguen gestionando recursos con la federación, en donde la complejidad de la implementación es el recurso humano.
El sistema penal acusatorio está funcionando en 15 de los 18 municipios, quedando pendientes los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués.
Del tema, el procurador de justicia en el estado, Arsenio Durán Becerra, refirió que el estado se ubica entre el séptimo y octavo lugar de las entidades con mayor avance en la implementación de este sistema.
En días pasados, confirmó, sostuvo reunión con María de los Ángeles Fromow Rangel, secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
La semana anterior, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Septién Olivares, reportó que el rubro presupuestario no estaba siendo favorable, por lo que analizarían en el Comité del estado para saber los ajustes que se harían.
“La ley nos obliga para el 2016, pero tenemos que ver en qué podemos avanzar; por el decreto estatal, un acuerdo entre el Poder Judicial, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y el Congreso del estado está para operar a marzo de este año”.
“Sin embargo hay que vigilar que los tiempos no han sido favorables por el costo alto de esa infraestructura, esperamos indicaciones de la Comisión Estatal y de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Gobernación para ver qué podemos hacer”.
