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Un juez federal ordenó el embargo por 48 millones de pesos y 86 hectáreas de terreno a la empresa Residencial Balvanera, a fin de garantizar el pago de la sanción económica judicial demandada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
En agosto de 2012, la empresa informó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que realizaría actos de remoción de vegetación forestal en un predio ubicado en Querétaro, al solicitar las autorizaciones federales en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
En diciembre de 2013 tomó la decisión de desistir del trámite de la autorización que implicaría un importante pago compensatorio al Fondo Forestal Mexicano y, pese a ello, la compañía realizó las obras del proyecto en violación a la legislación ambiental.
Debido a esto, la Profepa realizó visitas de inspección al desarrollo, ubicado en el municipio de Corregidora y detectó que las actividades inmobiliarias ya habían iniciado sin permiso ni contar con un programa de rescate y reubicación de especies de la vegetación afectada y sin pagar medidas compensatorias.
Con esta referencia, la dependencia federal ordenó la suspensión total temporal del proyecto para proteger el medio ambiente, empero, la empresa continuó hasta concluir las obras e inició la comercialización de departamentos y lotes construidos en el predio inspeccionado.
Por ello, la Procuraduría ambiental aplicó en noviembre de 2016 el Protocolo de Responsabilidad Ambiental previsto para casos de actos ilegales, dolosos y que producen daño en grave desacato a las determinaciones de la autoridad administrativa.
También ejerció una acción judicial de responsabilidad ambiental, la cual fue admitida por el Juez Primero de Distrito, con residencia en el estado de Querétaro.
Dicho órgano jurisdiccional ordenó ejecutar diversas medidas precautorias, entre ellas el mandato para que la empresa se abstenga de cualquier acto de remoción de vegetación, traslación de dominio, posesión, o en su caso, la celebración de algún contrato que altere la condición que guarda el terreno afectado.
Además, en cumplimiento a lo ordenado por el Juez federal, el 22 de febrero se ejecutó un embargo precautorio por poco más de 48 millones de pesos y sobre un terreno de 86 hectáreas y las construcciones que en él se encuentran.
La Profepa también ha solicitado al Poder Judicial de la Federación ordenar en sentencia la restitución del terreno afectado a su estado original y el pago de la multa judicial máxima equivalente a 48 millones de pesos que, en su caso, deberán ser depositados al Fondo de Responsabilidad Ambiental de la Semarnat.
