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A tres meses y medio del enfrentamiento que sostuvieron habitantes del ejido de La Laborcilla con elementos de seguridad contratados por una empresa privada, en el que un joven murió y otro más resultó gravemente lesionado, los procedimientos jurídicos se han llevado con lentitud, acusaron habitantes del lugar.
Señalaron que a pesar del tiempo transcurrido, las autoridades no han asegurado a los autores intelectuales del ataque ni a quienes accionaron las armas de fuego que causaron las lesiones a ambas víctimas.
Durante esta riña, la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) dio a conocer la detención de 33 sujetos, adscritos a la empresa de seguridad privada en cuestión, de los cuales, de acuerdo con el representante legal de los ejidatarios agredidos durante el intento de desalojo. Más de la mitad ya salieron libres, mientras que dentro de los aún aprehendidos son dos menores de edad.
“Ese procedimiento jurídico se encuentra en periodo de instrucción. Esperemos que ésta se cierre en las próximas dos o tres semanas porque vemos con mucho desatino que no se haya llamado a los autores intelectuales ni materiales de este acto”, indicó Miguel Alcocer, representante legal de los habitantes de La Laborcilla, en El Marqués.
En este sentido, se reveló que derivado de este caso, se inició una querella ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en contra del edil de El Marqués, Enrique Vega Carriles, y del secretario de Gobierno del municipio, José Francisco Galicia Medina, por la licencia de obras que se autorizó en el predio en disputa.
Sobre este caso, la CEDH no ha emitido ninguna recomendación.
Además, de acuerdo a un documento difundido por los denunciantes “estos funcionarios aceptaron que vienen recibiendo el pago de los impuestos prediales de las 222.6 hectáreas del terreno del ejido La Laborcilla”.
