Luego de que el fin de semana pasado, un empleado del gobierno del estado chocara en contra de un taxi en paseo Constituyentes, donde dos personas murieron y dos más se encuentran en el hospital, la Procuraduría General de Justicia del estado ya consignó al responsable, que no podrá salir bajo fianza, informó el titular de la dependencia, Arsenio Duran Becerra.
El accidente tuvo lugar en Paseo Constituyentes, justo en el entronque con San José de los Olvera, cuando un VolksWagen Jetta color gris, con matrícula de Querétaro UMC-6493, tripulado por Mauricio Puente Chapa, se impactó en contra de un taxi en el que viajaban cinco personas, incluyendo al conductor de esta unidad de alquiler.
Con la fuerza del impacto dos personas fallecieron de forma instantánea, dos más resultaron lesionadas y el conductor del taxi bajó de la unidad por su propio pie con lesiones leves. El conductor del Jetta responde al nombre de Mauricio Puente Chapa y manejaba bajo los influjos del alcohol.
A decir del procurador, este hombre, quien fungía como coordinador jurídico del Instituto del Deporte y Recreación del estado de Querétaro, ya fue dado de baja y puesto a disposición del juez penal, acusado de dos cargos de homicidio culposo y dos más de lesiones culposas.
“Esta persona ya fue puesta a disposición del juez penal en turno, con la finalidad de que se le dé continuidad a la tramitación de su procedimiento por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio culposo y lesiones culposas, y ahora ya estará en manos del juzgador para darle proceso y trámite al proceso penal”.
Al momento del accidente, Mauricio Puente Chapa amenazó al taxista de hacer que le retiren la concesión del taxi si se atrevía a levantar cargos en su contra, los oficiales después de efectuarle un exámen de alcoholemia detectaron siete puntos de alcohol en aliento, cuando el límite permitido es de 0.04.
Al cuestionar al presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Manuel Septién Olivares, este exempleado del gobierno estatal podría alcanzar una condena máxima de ocho años de prisión por el homicidio de estas personas.