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El ejido de Bordo Blanco mantiene un litigio por despojo de por lo menos 124 hectáreas de terrenos en los cuales se han edificado inmuebles de gobierno estatal con el aval de notarías en contubernio con funcionarios estatales que también se vieron beneficiados con donaciones ilegales, aseguró Ricardo Rico Venegas, representante legal de los ejidatarios afectados.
Edificios como el Lienzo Charro, el Centro de Desarrollo Comunitario y más recientemente el plantel de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) fueron construidos en esta extensión territorial.
Por este proceso fue suspendida la actividad escolar en el plantel en un acuerdo tomado con la rectoría para analizar la situación legal del predio.
Son 51 ejidatarios los que se han declarado como dueños originales de los predios invadidos, quienes aseguran no haber autorizado las donaciones de predios que se han registrado desde 1988; de igual forma, denunciaron que se realizaron compraventas y transferencias sin aval del ejido, y de los que no recibieron recurso alguno, según dichos de Ricardo Rico.
“Éste problema es muy añejo, sigue en litigio toda la extensión territorial son más de 124 hectáreas en las que se han construido edificios, como el Lienzo Charro, el Centro de Desarrollo Comunitario y la UAQ, incluso el rector decía que iba a interponer una denuncia por despojo pero les vamos a aclarar que quienes nos despojaron fueron las autoridades de gobierno estatal” dijo.
Explicó que desde los años 80 se celebró una entrega en comodato de los terrenos al gobierno estatal, sin consultar a los ejidatarios, por lo que se iniciaron las demandas correspondientes por el presunto despojo.
Pero además de esto, dijo que algunos funcionarios públicos y conocidos políticos sanjuanenses se han visto beneficiados con donaciones irregulares de dicho ejido, destacan también donaciones y compraventas ilegales a favor de instituciones como la cruz Roja, Corporación y servicios Inmobiliarios del Bajío; Hotel el Relox, Inmobiliaria Térmica y a favor del municipio de Tequisquiapan.
“Las documentaciones con las que el estado y otros particulares dicen ser propietarios no tienen sustento legal, este terreno sigue siendo propiedad del ejido y ahora es que estamos luchando en un litigio que lleva muchos años”.
El representante legal dijo que durante muchos años, los ejidatarios no contaron con representatividad eficaz para poder pelear por sus tierras pero dijo estar seguro que en estos días se pueda obtener algún resultado a favor de los afectados.
Actualmente, los ejidatarios pelean la prioridad de seis hectáreas de terreno en las que se han edificado las aulas de la Universidad Autónoma de Querétaro; los ejidatarios anticiparon impedir la impartición de clases en tanto no se resolviera la situación legal de dicho terreno.
El representante legal desestimó que los ejidatarios busquen una indemnización por este predio y anticipó que exigirán la reubicación de la universidad para que tengan nuevamente posesión física del predio.
