El municipio de Querétaro recurrirá ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para revertir la resolución de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que consiste en el pago de una multa por 93 mil 465 pesos, y la demolición del puente que se encuentra en Avenida Universidad, informó el auditor Superior de Fiscalización municipal, Carlos Rentería Rivera.

“El organismo de la Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, que es el organismo superior de la Dirección Estatal, en fecha reciente emitió la resolución por medio de la cual confirma la decisión que había tomado su dirección estatal y tenía dos contenidos, el pago de una multa de 93 mil 495 pesos en razón de no contar con el permiso de este organismo para la construcción de dicho puente, y la orden de remoción o demolición de las obras”, indicó el auditor.

Rentería Rivera señaló que se había interpuesto el recurso de revisión y que el organismo de la Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Conagua, les dio la negativa por lo que de esta forma, se confirmó la resolución del organismo estatal que consiste en el pago de la multa y la demolición del puente ya mencionado.

“Hay dos opciones para el municipio; la opción número uno es darle cumplimiento a la resolución emitida por la Comisión Nacional del Agua o la otra es acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a promover el juicio contencioso administrativo en contra de esta resolución; dentro de este juicio se puede pedir la suspensión de la resolución y la autoridad la puede conceder o la puede negar en tanto que se resuelve la materia del procedimiento”, señaló Rentería Rivera.

Explicó que si la administración decide acudir al Tribunal Federal, tiene como fecha límite el próximo dos de septiembre para seguir con el litigio pertinente, de lo contrario tendrían que proceder con la indicación que emitió la Conagua.

“Estamos estudiando la resolución, finalmente tenemos que valorar los argumentos de la autoridad porque aquí, lo que es interesante para la administración, es darle cumplimiento a cualquier determinación que venga de una autoridad que esté facultada”, señaló el auditor.

Éste agregó que el trámite tomaría cerca de seis meses, y que se podría sancionar a los ex funcionarios públicos, una vez que dicho puente se realizó con recursos del municipio.

“Tiene que ser la representación legal del municipio, una parte de representación la tiene el área jurídica y vamos analizando todo el procedimiento, dado que una vez que se determine, esto tendrá implicaciones legales para los ex funcionarios en razón de que los queretanos, en caso de la demolición, no tendrían por qué absorber el costo de esto, que equivale a cerca de ocho millones de pesos, que sería el precio del puente, más lo que cuesten los trabajos de retiro y la multa”, puntualizó Rentería Rivera.

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