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A casi cuatro meses de trabajo del gobierno municipal capitalino, no ha concluido el proceso de entrega-recepción y tampoco se ha considerado iniciar algún procedimiento contra ex funcionarios de la alcaldía, aseguró el edil Roberto Loyola Vera.
Loyola Vera, alcalde de extracción priísta, comentó que corresponde a la Contraloría, a cargo de Carlos Rentería Rivera, mantener las auditorias y dar informe de ellas, además de es hacer las investigaciones correspondientes, de acuerdo con lo que mandata la ley.
“Lo único que yo ratifico es lo mismo que indiqué el 1 de octubre: aplicar la ley. Nadie al margen de ella ni por encima de ella. Los procesos nos irán diciendo qué es lo que corresponde. No anticipemos vísperas, sólo tengamos claros que la ley se aplicará sin excepción”, dijo.
El alcalde agregó que se realizan auditorías en diversas secretarías —sin especificar cuales— donde tienen interés de conocer a detalle cómo se ejerció el dinero público.
El pasado martes 15 de enero, el alcalde encabezó una sesión privada de cabildo en la que discutieron sanciones a funcionarios públicos de la administración municipal 2009-2012 que estuvo a cargo de Francisco Domínguez Servién y posteriormente de María del Carmen Zúñiga Hernández, ambos emanados del Partido Acción Nacional (PAN).
A decir de Roberto Loyola Vera, se analizan sanciones a servidores públicos, pero por el momento no se pueden dar detalles sobre dicho procedimiento.
Al finalizar la reunión, el alcalde explicó que dichos servidores públicos podrían hacerse acreedores a sanciones que pueden llegar hasta la inhabilitación, aunque aclaró que esta información sólo podrá darse a conocer hasta que se agote el proceso.
“Cuando los asuntos sean agotados en definitiva en todas sus instancias y en todos sus aspectos de defensa o de ataque jurídico, podrán darse a conocer (los resultados)”, dijo.
Sin embargo, los alcaldes de El Marqués y de Corregidora, Enrique Vega Carriles y Antonio Zapata Guerrero, respectivamente, ya iniciaron procedimientos penales contra ex funcionarios con el objetivo de evitar la opacidad.
En Corregidora, la Contraloría municipal presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de tres ex funcionarios, además del ex presidente municipal José Carmen Mendieta Olvera (2009-2012), emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La demanda refiere a la evasión fiscal realizada durante 2011, por un boquete financiero de 36 millones de pesos; 20 millones por los recursos que se dejaron de pagar y los 16 restantes por las multas y recargos que se generaron.
En El Marqués, el 28 de enero se dio a conocer que al momento suman 16 ex funcionarios municipales de la administración que estuvo a cargo del priísta Rubén Galicia Medina (2009-2012) que son investigados por un posible desvío de recursos.
La contralora municipal, Leonor Hernández Montes, explicó que 16 servidores públicos de primer nivel de la pasada administración recibieron un monto mayor al que les correspondía por concepto de antigüedad y gratificación, dinero que generó un gasto de un millón 82 mil pesos.
