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Comerciantes informales dedicados a la venta de comestibles en las inmediaciones del hospital de “El Niño y La Mujer”, denunciaron que funcionarios municipales, durante 12 años, han negado la autorización para poder obtener los permisos y licencias correspondientes, y así desarrollar dicha actividad comercial de manera regular.
Dichos permisos, indicaron los inconformes, se han concedido de manera inmediata durante la actual administración local a “nuevas personas”, las cuales inclusive este mismo año recibieron la autorización para instalar “estanquillos” semi fijos en la zona.
Cabe recordar que desde 2002, en la acera de enfrente del hospital El Niño y la Mujer, justo en un predio deshabitado en donde se ubica una parada de camiones, se comenzaron a colocar alrededor de 12 comercios informales, los cuales ofrecen a las personas que acuden al hospital, refrescos, tacos y tortas, entre otros productos.
En 2009, y a sugerencia de las propias autoridades capitalinas, personal administrativo y médico del hospital de El Niño y La Mujer, firmaron una carta en donde apoyan y avalan la instalación de los puestos de antojitos. El argumento esgrimido es que en la zona no existen lugares o establecimientos comerciales, en donde las personas que acuden al nosocomio a visitar a sus familiares internados, puedan adquirir comida a bajo costo.
“La carta se hizo y se entregó a la persona que nos estaba apoyando. Se llevó al municipio y nunca supimos que hicieron con ella”, recordó Carolina Hernández, quien es una de las primeras comerciantes que se estableció en dicho lugar.
No obstante de presentar en tiempo y forma el documento solicitado por la Secretaría de Finanzas en 2004, el procedimiento para adquirir alguna licencia o autorización municipal quedó sólo en buenas intenciones. El oficio, el cual principalmente fue firmado por enfermeras e intendentes del hospital, quedó archivado aludiendo falta de firmas.
Durante las últimas cuatro administraciones municipales en la capital, los comerciantes inconformes han tenido que sufrir las presiones y los abusos del cuerpo de inspectores municipales, quienes les obstaculizan su actividad laboral y con la cual, mantienen a poco más de 60 personas.