El procurador de justicia, Arsenio Durán Becerra, informó que se aceptó la recomendación que le hizo al Defensoría de los Derechos Humanos (DDH) de, entre otras cosas, iniciar un proceso administrativo y penal en contra de personal de esta procuraduría por irregularidades en un peritaje.
El 6 de abril de 2014 se registró un hecho de tránsito que tuvo como consecuencia la muerte de una mujer y lesiones en una niña de siete años de edad; de acuerdo con la Defensoría de los Derechos Humanos, el peritaje y conclusiones de la investigación resultan contradictorias de acuerdo con el contenido de la misma.
“Sí recibimos la recomendación emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos, ya dimos contestación a esa recomendación en el sentido de aceptarla en las condiciones que vienen planteada”, explicó.
“Implica iniciar una investigación administrativa y eventualmente de carácter a manera de denuncia penal, para verificar el comportamiento de quienes intervinieron en la realización de esta averiguación”, detalló el procurador de la entidad.
Con las investigaciones hechas se determinará la responsabilidad de los servidores públicos que tomaron conocimiento e intervinieron en la averiguación previa I/302/2014.
“Que dentro de esos procedimientos se pueda definir, según las investigaciones, si pudieran tener o no algún tipo de responsabilidad; el meollo de esta recomendación es porque en el dictamen pericial se consideró que la causa determinante de un hecho de tránsito fue la manera en que una persona conducía uno de los vehículos y el quejoso no está del todo de acuerdo en la conclusión de ese peritaje”, dijo Arsenio Durán Becerra.
La recomendación. El documento emitido por la Defensoría de los Derechos Humanos indica que “este Organismo Defensor no tiene como objeto intervenir en el fondo del asunto ni eximir o señalar la responsabilidad de alguna de las partes; sino mostrar la evidente irregularidad administrativa de las y los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia(PGJ) al advertir en un mismo peritaje posturas contradictorias”.
Se explica que el 6 de abril de 2014 tuvo lugar un accidente de tránsito en las inmediaciones del Libramiento Sur Poniente, en donde un automóvil Clío embistió en la parte posterior media a un coche Atos, cuya conductora murió y su hija menor resultó lesionada.
“En el dictamen citado, el perito dos señaló que la conductora del vehículo Clío cruzó a exceso de velocidad la zona de reductores y el tope asfáltico, siendo en ese proceso cuando efectuó el contacto de la parte frontal de su automóvil contra el costado medio del Atos (…); sin embargo, señala que la persona que conducía el vehículo Atos no tuvo precauciones ni prudencia; haciendo recaer sobre ella la responsabilidad del accidente”, indicó la defensoría.
Por ello recomendó a la PGJ que “inicie Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en contra de las y los agentes del Ministerio Público que han conocido de la Averiguación Previa I/302/2014 y del perito dos, especialista en Tránsito Terrestre, quien emitió el dictamen (del accidente)”.
Además que se dé vista al agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, para que se inicien las diligencias de preparación del ejercicio de la acción penal y civil reparadora del daño; en contra de las y los servidores públicos señalados.