El Observatorio Ciudadano para la Movilidad buscará un amparo para enfrentar jurídicamente el posible incremento del pasaje del sistema público metropolitano, RedQ.
Reiteraron que es inmoral que los concesionarios quieran un aumento sin justificación técnica, a la par de que históricamente es un tema opaco.
Sergio Olvera León, vocero del Observatorio, explicó que especialistas del derecho están analizando las figuras jurídicas que pudieran ser usadas en caso de que suba la tarifa de transporte, que actualmente es de 6.50 general y de 3.50 especializada.
“Quizá se puede hacer algo de manera jurídica, tenemos en el Observatorio un equipo de investigadores muy orientados al derecho y los hemos estado consultando para ver qué se puede hacer si ocurre lo de aquella ocasión (2009), que no hay un estudio que sustente el incremento de la tarifa”, compartió.
Recordó la historia del transporte público en Querétaro, cuando en 2009 se incrementó “ilegalmente” la tarifa de 5 a 6.50 pesos, sin un estudio técnico que respaldara tal medida, la decisión “fue meramente política”.
En aquél año, explicó, el Movimiento Ciudadano por el Derecho a la Movilidad solicitó al gobierno estatal la justificación técnica para el incremento y no se les entregó, “porque nunca existió ese estudio”.
En cambio, análisis hechos por integrantes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) arrojaron que no había necesidad de un aumento en el pasaje en 2009; ahora, la misma Universidad pone a disposición sus servicios para asesorar técnicamente y verificar si es necesario o no el aumento propuesto.
Los concesionarios llevan semanas en mesas de diálogo con el gobierno del estado, siendo una de las propuestas el incremento a la tarifa para los usuarios, justificada en los aumentos de los insumos en el país.
Opacidad histórica. El vocero del Observatorio expuso que es necesario conocer cuáles son los números de las empresas que conforman, no sólo RedQ, sino todo el sistema de transporte, pues brindan un servicio público. Sin embargo, la falta de transparencia ha llevado a tomar decisiones unilaterales que afectan al usuario.
“Dicen que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla (…) los concesionarios no han cumplido sus compromisos, y ahí está, moralmente no pueden pedir algo, e incluso el señor Francisco Zubieta (de Taxivan) dice que el servicio es malo y eso no lo puede decir”, comentó Olvera León.
La ciudadanía, de acuerdo con los estudios del Observatorio, está dispuesta a pagar más por el servicio siempre y cuando sea de calidad, mientras eso no suceda no hay justificación, reiteró.