La mañana de este miércoles el Ministerio Público de la Federación obtuvo del Juzgado Primero de Distrito del estado de Querétaro sentencia de cuatro años de prisión y el pago de una multa de 100 días de salario mínimo contra Juan Pablo Ortiz Rea y Carlos Fernando Jiménez Campuzano, por la comisión del ilícito de posesión ilícita de hidrocarburo refinado (diesel).

Uno de los implicados en este delito al momento de su detención en el kilómetro 3+500 del libramiento surponiente perteneciente al municipio de Corregidora, se identificó como policía adscrito a la secretaría de Seguridad Pública de la misma demarcación, pero al no poder presentar pruebas de la posesión del combustible fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Juan Pablo Ortiz Rea, quien se identifico como elemento de la policía municipal de corregidora se encontraba a bordo de una camioneta junto con Carlos Fernando Jiménez Campuzano y se encontraban en posesión de 4 contenedores llenos con combustible diesel.

Los dos sentenciados cumplirán su condena al interior del centro de de readaptación social varonil de San José el Alto, sin derecho a fianza.

Por otra parte el ministerio público federal a través del Juez tercero de distrito dictó sentencia de tres años de prisión y el pago de una multa de 50 días de salario mínimo contra José Andrés Hernández Bárcenas, a quien encontró plenamente responsable de la comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en la modalidad de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

José Andrés Hernández fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal cuando se encontraba en las inmediaciones de la calle San Juan de Letrán casi esquina con Plaza del Carmen, de la colonia Plazas del Sol, muy cerca de la central de abastos de esta capital queretana, fue detenido a bordo de un vehículo, cuando circulaba en sentido contrario, y en posesión de un revólver calibre .357 Magnum.

Por esta razón el hoy sentenciado fue puesto a disposición del ministerio público federal donde se le dicto sentencia condenatoria y purgara la misma al interior del CERESO de San José el Alto.

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