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Por tercera ocasión en diciembre, se convocó a reunión de trabajo a los integrantes del Comité de Seguimiento en Materia de Personas Desaparecidas, pero no se logró el quórum que legalmente se necesita.
El presidente de dicho Comité y titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro (DDHQ), Miguel Nava Alvarado, expuso que las mesas de trabajo se han instalado para establecer el plan estatal en la materia.
De acuerdo con el artículo 38 de la Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar, el Comité de Seguimiento se instaló a fin de realizar protocolos que coadyuven a perseguir delitos con motivo de la desaparición y no localización de personas.
Y es que la ley únicamente hace referencia a dos supuestos en los delitos de desaparición: la forzada a manos de autoridades y la que se realiza a manos de particulares.
En estos casos se dio cuenta de que no existe ningún delito de este tipo en la entidad.
La primera tarea será elaborar el programa estatal en la materia, que se prevé quede listo a la brevedad, por ello las reuniones realizadas; así como su actualización anual.
El programa en materia de desapariciones debe contener —como mínimo— información respecto de la incidencia del delito, la modalidad, sus causas y consecuencias, generando información respecto de los grupos mayormente afectados, mediante rutas críticas, con tiempos, atribuciones y obligaciones.
El comité está conformado por integrantes de los tres poderes del estado, representantes de la sociedad civil y de medios de comunicación; en ninguno de los casos hubo presencia, únicamente la representación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), en la persona del subprocurador de Prevención del Delito, Asistencia a la Víctima y Derechos Humanos, Godofredo Alderete Velasco.
De la Legislatura: el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información, y el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Del Poder Judicial: el magistrado presidente, así como representantes en los municipios que para el efecto se acrediten y el representante del Observatorio Ciudadano de Seguridad, Juan Almaraz Pérez.
De la sociedad civil participan: Armando Coronel Ramírez, Jesús Calderón Calderón y Fernando Lugo García; los comunicadores Luis del Toro y Nájera, Erika Contreras Moreno y Aurelio Peña Tavera.
