Más Información
Conductores de las plataformas Uber y Didi realizaron una manifestación en Querétaro este lunes, exigiendo mayores medidas de seguridad y un aumento en las tarifas mínimas por kilómetro recorrido.
Reunidos frente al Estadio Corregidora, los conductores atendieron a la prensa con pintas en sus vehículos donde denunciaban el rechazo a las nuevas tarifas.
El movimiento, organizado por el grupo Federación -unido a otras tres organizaciones-, liderado por Leticia Cortés, comenzó con una concentración pacífica, pero los manifestantes advirtieron que de no recibir respuesta, escalarán sus acciones en los próximos días como el cierre de calles.
“Estamos exigiendo que la tarifa mínima suba y que el kilómetro recorrido se pague mínimo a 10 pesos, después de impuestos y comisiones”, explicó Leticia Cortés, una de las principales voceras del movimiento. Los conductores aseguran que las tarifas actuales, que varían entre 4 y 10 pesos por kilómetro, no les permiten cubrir ni los gastos básicos, como la gasolina.
Además de las demandas económicas, los cerca de 70 conductores pusieron un fuerte énfasis en la seguridad. Cortés denunció que muchos usuarios utilizan perfiles falsos para solicitar servicios, lo que pone en riesgo a los conductores.
La situación se agrava, señalaron, en zonas específicas de la ciudad, como San José El Alto y Menchaca, donde los conductores reportan asaltos violentos. Tan solo este mes ha habido 7, dos con violencia y uno de sus colegas terminó baleado.
Las autoridades locales han sido informadas de la situación, pero los conductores consideran que no han hecho lo suficiente. Lamentan el pago del impuesto estatal que tienen que erogar y reconocen que el gobierno estatal no podría apoyar sus demandas, por lo que se dirigirán directamente a la empresa.
El secretario de Gobierno, Carlos Alcaraz, señaló que se tomarán medidas para dialogar con las plataformas, aunque no detalló acciones concretas. Por su parte, Gerardo Cuanalo Santos, director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), admitió que no tienen una forma jurídica para intervenir directamente en los conflictos entre conductores y las plataformas.
