De los 80 establecimientos que se tenían identificados para su regulación por fallas en sus licencias de operación, 50 lograron cumplir con los requisitos necesarios para reanudar operación, mientras que otros 30 permanecen bajo observación, debido a diversas irregularidades, así lo dio a conocer el secretario General de Gobierno, Carlos Alcaraz Gutiérrez.
“Muchos de ellos difícilmente van a poder cumplir con los requisitos, debido a la condición actual. Están cerca de zonas donde no hay autorización o ha habido conflictos que nos impiden liberar algún permiso”, señaló el funcionario, quien destacó que la prioridad de estas acciones es garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias queretanas.
Asimismo, subrayó que el gobierno estatal, en coordinación con los municipios mantiene una estricta supervisión en los centros nocturnos para que se apeguen a las normas. “Es una prioridad establecida por el gobierno y estamos trabajando de manera conjunta”, afirmó.
Respecto a la reacción de los dueños y encargados de los negocios, Alcaraz Gutiérrez indicó que algunos han aceptado voluntariamente no reabrir debido a la falta de licencias, lo que imposibilita su operación y funcionamiento legal.
El secretario confirmó que los operativos de supervisión en los establecimientos no está limitada a los cierres, sino que serán permanentes. “El día 31 hubo algunas clausuras. Esto no es algo momentáneo, es una política de supervisión constante para garantizar el cumplimiento de la ley”, señaló el funcionario.
Finalmente, hizo un llamado a los propietarios a respetar los horarios y reglas establecidas para la operación de sus negocios. “Lo que queremos comentarles de manera respetuosa es que hay una ruta que tenemos que seguir todos. Conocen las reglas y nosotros también conocemos lo que tenemos que hacer”, concluyó.
En las últimas semanas las autoridades de Querétaro han intensificado la regulación de los establecimientos nocturnos tras incidentes como el ataque al bar Los Cantaritos, que resultó en la muerte de 10 personas. Como respuesta se han clausurado bares y centros nocturnos por incumplir con licencias y permisos, así como por reincidencias en infracciones.
Además, se han implementado nuevas regulaciones que establecen un horario máximo de operación y venta de bebidas alcohólicas con restricción de horario, para todos los establecimientos con venta y consumo de alcohol en la región.
El cierre de los antros significó que los trabajadores de este sector generaran una movilización para exigir que se reabrieran los antros y bares.
Según lideres de esta movilización son 10 trabajadores por establecimiento, sin contar a los valet parking, y otros establecimientos que dependen de un bar o un antro, como los vendedores de comida, dulces, flores, etcétera.
De esta forma, los cierres afectaron a cerca de 5 mil personas que dependen de la actividad nocturna durante la mayor parte de la semana.