El municipio de Corregidora se colocó como el tercer municipio a nivel nacional y el primero en Querétaro en contar con la presentación de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal en el 100% de su plantilla laboral durante el 2018, informó el alcalde, Roberto Sosa Pichardo.
“Lo dijimos desde campaña, que íbamos a apostar fuertemente a la rendición de cuentas, a la transparencia (…). Hoy somos el tercer municipio a nivel nacional en lograr este objetivo y el primero en todo el estado de Querétaro en haber logrado en tiempo y forma cumplir con la declaración”.
En rueda de prensa, el titular de la Secretaría de Control Interno y Combate a la Corrupción, Oscar García González, detalló que para el periodo de 2018 se realizaron mil 308 declaraciones, de las cuales, 304 fueron iniciales, 244 de conclusión por dejar el servicio público y 760 que corresponden a la plantilla obligada a realizar su declaración.
“Obtuvimos el 100% de cumplimiento en este tipo de declaración, contando con el compromiso total por parte de los servidores públicos de este municipio, en la voluntad de hacer evidente esta obligación y, sobre todo, evitar que exista enriquecimiento ilícito”.
En ese contexto, García González refirió que desde la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, en julio de 2017, únicamente se encontró el incumplimiento por parte de tres servidores públicos, quienes presentaron su declaración de conclusión fuera de tiempo; a dichos servidores, explicó, se les inició un procedimiento en 2018 y ya no trabajan en el ayuntamiento.
“Los incumplimientos para la presentación de declaraciones fueron 67 en la pasada administración, y en la actual, son cero casos, por lo que se han registrado 40 inhabilitaciones en años anteriores a servidores públicos y se han impuesto sanciones económicas de 45 mil 256 pesos”.
Las autoridades recordaron que a partir de mayo del presente año todos los servidores públicos tendrán la obligación de presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses sin excepción alguna y se indicó que actualmente en el municipio son poco más de mil 500 trabajadores los que tendrán que atender dicha responsabilidad.
Respecto a las sanciones que señala la ley en caso de incumplir con esta obligación de transparencia, García González señaló que el funcionario público puede ser acreedor a una suspensión, destitución o hasta una inhabilitación si no se hace, sobre todo, la presentación patrimonial inicial.
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