Un amparo ganado por los habitantes de La Palma, en Santa Rosa Jáuregui, marca un precedente en la lucha por el acceso al agua en Querétaro.

Gracias a esta resolución judicial, la Comisión Estatal de Aguas (CEA) está obligada a garantizar el suministro del recurso hídrico a más de 3 mil personas que, por años, han padecido la falta de este servicio.

El fallo responde a la petición de 157 familias que, además de exigir el abastecimiento de agua potable, solicitaron la instalación de infraestructura hidráulica sin costo adicional. Actualmente, las tomas de agua pueden llegar a costar entre 25 y 50 mil pesos, un monto inaccesible para muchas familias.

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El diputado independiente Ulises Gómez de la Rosa celebró la decisión judicial y destacó que este caso desmonta la narrativa oficial de que el suministro de agua en Querétaro está garantizado para toda la población. “Este amparo evidencia que no todos los queretanos tienen acceso al agua. Durante el proceso, las autoridades tuvieron la oportunidad de demostrar lo contrario y no lo hicieron”.

Este caso podría abrir la puerta a más demandas en el estado. De acuerdo con el legislador, al menos seis comunidades han iniciado procesos similares para exigir su derecho al agua. Llamó a otras colonias y barrios con problemas de abastecimiento a explorar la vía legal para defender su acceso al vital líquido.

La lucha por el agua en esta región no es nueva. En mayo de 2024, habitantes de varias comunidades, incluyendo Jofre, Jofrito, La Luz, Palo Alto, La Palma, La Versolilla, La Ciénega y La Gotera, bloquearon durante nueve horas la carretera federal 57 en protesta por la falta de suministro del líquido.

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La escasez de agua en Querétaro se ha convertido en una problemática crítica que afecta a numerosas comunidades, especialmente las indígenas y rurales. En septiembre de 2024, la Comisión Estatal de Aguas (CEA) y el Instituto para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro firmaron un convenio con una inversión inicial de 5.5 millones de pesos.

El objetivo es garantizar el derecho humano al agua en comunidades como El Tule, Lomas de Casa Blanca, Maguey Manso y Mesa de Ramírez, mediante la entrega de cerca de 500 filtros potabilizadores. Sin embargo, la crisis hídrica se ha agravado debido a una larga sequía.

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