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La administración de Alejandro Echeverría Cornejo al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE) dejó abiertas ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro (DDHQ) 101 quejas, de las cuales, 54 fueron presentadas en 2023 y 47 en este mismo año, informó el ombudsman Javier Rascado Pérez.
Detalló que las quejas responden a diversos temas que pueden ir desde falta de atención con perspectiva de derechos humanos, o que no existen avances en investigaciones. Una de las carpetas abiertas es la que se inició en 2023 por la agresión a las madres buscadoras por parte de los elementos de la Fiscalía ocurrida en agosto.
Detalló que al año pasado fueron 97 quejas presentadas contra la Fiscalía de Querétaro, de las cuales 54 siguen abiertas, mientras que en este año han sido 55 presentadas; ocho ya fueron dadas de baja por diversos motivos (entre ellos la resolución o porque no se les dio seguimiento de quien la presentó), quedando activas 47.
Rascado informó que ya tuvo acercamiento con el nuevo titular de la FGE, Victor Antonio de Jesús Hernández, con quien se acordó establecer canales de comunicación abierta e iniciar trabajos de capacitación al personal de la fiscalía.
“Es más: en el acercamiento que hubo con la CNDH estuve también presente. Fue un acercamiento que se realiza de manera institucional y para poder realizar trabajos de capacitación y mantener un canal de comunicación abierto”, dijo.
Señaló que en ese encuentro se habló sobre los asuntos pendientes y temas por revisar entre organismos, para lo que se mostró voluntad de resolverlo.
“Incluso lo manifestó en la reunión con CNDH, de estar trabajando en pro y defensa de los derechos humanos”, agregó.
La FGE informó en días pasados sobre la reunión que sostuvo su titular con el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Francisco Javier Estrada Correa, con quien se habló sobre el objetivo de priorizar el correcto actuar en todas las investigaciones de la FGE.
“El fiscal externó que las acciones tendientes a hacer valer el cumplimiento de todos los derechos para todas las personas es uno de los sustentos de la confianza en las instituciones. Asimismo se establecieron bases para una comunicación permanente y de intercambio de experiencias con la finalidad de reforzar la observancia en todo el proceso penal”, informó la dependencia por medio de un comunicado.
Por su parte, el secretario Ejecutivo de la CNDH planteó la propuesta de realizar un esquema preventivo, mediante un programa en la materia.
