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Homex ya no se encuentra en quiebra, motivo por el que vuelve a obtener la obligación de entregar el desarrollo habitacional de Hacienda Santa Rosa, en óptimas condiciones al gobierno municipal de Querétaro, informó el secretario General de Gobierno, Apolinar Casillas Gutiérrez.
EL UNIVERSAL Querétaro dio a conocer las condiciones precarias y de inseguridad en las que se encontraban los habitantes de este fraccionamiento.
De acuerdo con el funcionario el gobierno municipal sólo puede intervenir las vialidades; sin embargo, el ingreso de drenaje y agua potable tienen que ser intervenidos por Homex.
“Sabemos que (Homex) ya resolvió su situación financiera y no cayó en quiebra, ha concluido el procedimiento de suspensión de pagos, ahora todos los adeudos que tenga son exigibles, en particular los que tenga con el municipio por impuestos, derechos, así como las obligaciones derivadas de la ejecución de obras, de venta para la construcción del fraccionamiento son exigibles”, especificó.
Reiteró que el gobierno municipal no puede suplir dichas obligaciones, por eso han entablado comunicación con la empresa para que cumplan con todos los pendientes que dejaron en Hacienda Santa Rosa.
Meses atrás, la legislatura local exhortó al gobierno municipal a ejecutar acciones para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de este fraccionamiento. Ahora se suma otro exhorto en el que se solicita que intervengan en la situación de Rancho Bella Vista y Hacienda la Gloria.
“Los términos de este exhorto son exactamente igual al que enviaron de la colonia Hacienda Santa Rosa; en particular de Rancho Bella Vista y La Gloria hay un par de diferencias, la primera es que las empresas siguen en Querétaro y los proyectos se están desarrollando”, señaló.
El secretario de Gobierno capitalino refirió que el desarrollo de estos dos fraccionamientos, así como todos los que se llevan a cabo en el municipio queretano, son revisados de forma permanente por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su área de Desarrollo Urbano.
Explicó que se revisa el cumplimiento de las obligaciones que se impusieron previo a la autorización del proyecto a desarrollar.
“Es un trabajo permanente que estamos haciendo de todas las entidades fraccionadoras y desarrolladoras para que den cabal cumplimiento (…) Nosotros no estamos solamente como pupilos haciendo la tarea que nos encomiende el Congreso, a nosotros el código urbano nos exige dar seguimiento para que estas cumplan con sus obligaciones”, destacó.
