El secretario general de Gobierno del municipio de Querétaro, Apolinar Casillas Gutiérrez aseveró que la sola manifestación de ideas no es motivo de sanción; sin embargo, debido a la pandemia por Covid-19 se debe priorizar el respeto al derecho de terceros a la salud y la vida, esto ante el llamado a manifestarse que hizo el Comité Estatal del Comercio Popular Movimiento Democrático Queretano Francisco Villa.
Refirió que, de acuerdo con el decreto emitido por la Secretaría de Salud, y dado a conocer por el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, no debería haber concentraciones masivas de ningún tipo.
“Entendemos las consecuencias de tipo económico que trae la pandemia, pero hacemos una invitación a los liderazgos a que lo reconsideren dado que estamos en la semana de mayor contagio en el país, y Querétaro no es la excepción”, expresó Casillas.
Aseveró que dichas medidas de restricción a la movilidad no violentan los derechos humanos, ya que la intención actual es proteger la salud de todos los habitantes de la entidad.
“La libertad de expresión es derecho humano, el tema es por las nuevas disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud de sana distancia, de no circular por las vías públicas si no se realiza una actividad esencial. El ejercicio de las garantías individuales tiene una limitante y esa se llama respeto a derechos de terceros, estamos en una contingencia sanitaria, frente a una pandemia y la autoridad para emitir disposiciones son cuatro: el presidente de la República, el secretario general de Salud federal, los gobiernos locales y el secretario de Salud del estado”, especificó.
Por lo anterior, dijo, todas las autoridades estatales y municipales están sujetos, vinculados y obligados a prestar la colaboración a las autoridades sanitarias y aplicar las disposiciones estipuladas en el decreto sanitario.
Casillas Gutiérrez agregó que las reformas que haya hecho el Congreso local al Código Penal deben ser acatadas una vez sean publicadas en el Diario Oficial, y entonces así tendrán facultades las corporaciones policiacas para remitir a las personas que incumplan con lo establecido ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Lo que tenga que ver con sanciones administrativas que deriven del acuerdo con la Secretaría de Salud, señaló, deberán ser remitidos a juzgados cívicos y los jueces son los facultados para sancionar.
“Tendríamos que revisar cuáles son las conductas que se actualizan, si alguien de los convocantes a la marcha está contagiado constituye un ilícito penal, y podrá ser detenido o remitido a la FGE, en caso de no actualizarse la conducta, si no solo la de no respetar la sana distancia es una falta administrativa, se hace acreedor a una sanción administrativa que puede ser arresto de 6 a 36 horas y/o una sanción económica”, puntualizó.