En los últimos 10 días, la Coordinación de Protección Civil del municipio de Querétaro ha recibido 70 denuncias ciudadanas, la mayoría por realización de fiestas, aseguró el titular del área, Carlos Rodríguez Di Bella.
Especificó que esto se registró luego de la formación de las unidades Anti Covid-19 que el gobierno del estado ordenó crear.
El funcionario explicó que la forma de operar es que primero se recibe el reporte, se canaliza a las Unidades especializada Anti Covid-19 y, si se determina que existen condiciones insalubres, se pueden aplicar las medidas de seguridad sanitaria, que va desde la suspensión hasta la puesta de disposición ante el juzgado de cívico.
“Todas las acciones quedan registradas y de solo una llamada de atención se puede agravar en caso de reincidir”, puntualizó.
Rodríguez Di Bella aseguró que los comercios tuvieron un comportamiento favorable durante el fin de semana, sobre todo respetaron el cerrar sus puertas el domingo y solo ofrecer servicio a domicilio o para llevar.
Recordó que la Coordinación municipal cuenta con 58 elementos capacitados para llevar a cabo las nuevas medidas establecidas.
Por separado, el edil capitalino, Luis Nava Guerrero expresó -durante la sesión extraordinaria de cabildo donde se aprobó la adopción de medidas sanitarias y la adhesión al acuerdo de colaboración para establecer las unidades Anti Covid-19- que debido a la irresponsabilidad existe mayor velocidad de propagación del virus, razón por la que se establecen nuevas medidas.
"Es momento de demostrar la gran comunidad que somos, el sentido de responsabilidad, nuestra fortaleza y sensibilidad ante los demás y de mostrar pequeños actos heroicos como el usar un cubreboca, mantener la sana distancia, lavarse las manos y quedarse en casa", puntualizó.
“Junto a esta responsabilidad, está la responsabilidad de la ciudadanía: hoy, cada una y cada uno de los queretanos está llamado a ver por sí mismo y por los demás, a cuidar la vida y la salud de los demás”, manifestó.
Las medidas aprobadas por el Ayuntamiento son las mismas de seguridad sanitaria para actividades económicas, productivas y sociales difundidas por el gobierno del estado; se establece que las infracciones serán calificadas por jueces cívicos o procuradores sociales, y pueden ser desde amonestaciones verbales o por escrito, multas, arresto administrativo hasta por 36 horas o servicio a la comunidad.